Manual de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante en Colombia: Guía Completa 2026

El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia tiene su fuente normativa principal en el Título IV de la Sección Tercera del Libro Tercero de la Ley 1564 de 2012 —el Código General del Proceso—. Sin embargo, a partir del 11 de febrero de 2025, este régimen fue sustancialmente modificado por la Ley 2445 de 2025, publicada en el Diario Oficial N.° 53.027.

La Ley 2445 de 2025 no derogó el régimen anterior: lo actualizó de forma profunda para flexibilizarlo, ampliar su cobertura a los pequeños comerciantes y resolver inconsistencias que generaban decisiones contradictorias en la práctica judicial. El Decreto 2677 de 2012, compilado en el Decreto 1069 de 2015, reglamenta los aspectos operativos del trámite, especialmente en lo relacionado con las tarifas de los centros de conciliación.

Resulta igualmente relevante conocer el Código Civil en sus artículos 2488 y siguientes sobre prelación de créditos, la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias, la Ley 2300 de 2023 en materia de protección al consumidor financiero y la Ley Estatutaria 1266 de 2008 sobre habeas data financiero.

Conforme al artículo 531 del CGP, modificado por el artículo 3.° de la Ley 2445 de 2025, el régimen tiene un propósito claro: reintegrar a la persona natural que ha sufrido un quebranto económico a la actividad productiva nacional, mediante la normalización de sus relaciones crediticias. Este reintegro puede lograrse por tres vías:

• (i) Un acuerdo de pago con los acreedores, a través del procedimiento de negociación de deudas.
• (ii) La convalidación de los acuerdos privados que el deudor haya obtenido previamente con la mayoría calificada de sus acreedores.
• (iii) La liquidación del patrimonio, cuando ya no es posible llegar a un acuerdo viable.

El Principio de Buena Fe como Eje Central

Todo el régimen descansa sobre la presunción de buena fe de las partes. La ley reconoce simultáneamente la legítima expectativa del acreedor de recibir el pago de sus créditos "hasta donde ello sea posible", y el derecho del deudor a una salida ordenada y digna de su crisis económica. No se trata de un mecanismo para evadir deudas, sino de un instrumento de justicia económica.

Mediante la negociación de deudas, el deudor puede atender sus obligaciones en condiciones de cuantía, plazo y tasa favorables, adecuadas a su situación económica sobreviniente. Con la liquidación patrimonial, en cambio, los saldos insolutos que queden sin cubrimiento con los bienes del deudor mutan a obligaciones naturales —no pueden ser cobrados coactivamente—. Este efecto constituye uno de los mayores beneficios del sistema para el deudor en situación crítica.

Con la reforma de la Ley 2445 de 2025, el artículo 532 del CGP amplió considerablemente el ámbito de aplicación. Actualmente son destinatarios:

1. Personas Naturales No Comerciantes

Todas las personas que no ejercen de manera profesional el comercio: empleados, pensionados, trabajadores independientes de profesiones liberales, amas de casa y cualquier persona que no tenga matrícula mercantil activa como comerciante.

2. Pequeños Comerciantes

La Ley 2445 incorporó este nuevo grupo. Se considera pequeño comerciante a la persona natural que ejerce el comercio pero cuyos activos totales sean inferiores a 1.000 SMMLV, excluido el valor de la vivienda familiar y del vehículo que utilice como instrumento de trabajo. La persona natural comerciante puede acogerse aunque no esté cumpliendo con todos los deberes del artículo 19 del Código de Comercio, con una sola excepción: debe acreditar su matrícula mercantil al momento de presentar la solicitud.

Quiénes Están Excluidos

Las reglas del Título IV no aplican a las personas naturales que: (a) tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles que estén en proceso de insolvencia empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, o (b) formen parte de un grupo de empresas tramitando procesos de insolvencia empresarial por causas relacionadas entre sí. En estos casos aplica la Ley 1116 de 2006.

En principio, todos. La ley parte del principio de universalidad: la totalidad de las obligaciones del deudor y la totalidad de sus acreedores quedan vinculados al procedimiento una vez aceptada la solicitud. Por esta razón, el deudor tiene la obligación legal de relacionar a todos y cada uno de sus acreedores, sin excepción.

Pueden comparecer acreedores financieros (bancos, cooperativas, entidades crediticias), acreedores comerciales (proveedores, arrendadores), acreedores laborales (trabajadores con derechos insolutos), entidades públicas (por obligaciones tributarias, aportes de seguridad social), acreedores alimentarios y personas naturales (familiares, amigos).

Acreedores Postergados

La ley contempla la figura de los acreedores postergados (artículo 572A del CGP), cuyo crédito queda subordinado al pago previo de todos los demás. Un ejemplo típico es el acreedor que, después de ser notificado de la aceptación del trámite, continúa adelantando diligencias de cobro o descuentos de nómina en contravención a los efectos de la aceptación. Esta sanción es automática y el conciliador la aplica de oficio.

La Ley 2445 de 2025 rediseñó el esquema de competencias. Según el artículo 533 del CGP reformado, existen dos tipos de operadores competentes para los trámites de negociación de deudas y convalidación de acuerdos:

• Los Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia para adelantar procedimientos de insolvencia. Pueden ser públicos (gratuitos) o privados (remunerados).
• Las Notarías del domicilio del deudor, que pueden adelantar estos trámites a través de conciliadores inscritos en sus listas.

Para los trámites de liquidación patrimonial, la competencia recae en el juez civil del domicilio del deudor: juez municipal para casos de menor cuantía, juez del circuito para mayor cuantía.

¿Puedo Acudir a un Juez, Personero o Defensoría Directamente?

No. El juez civil no es la primera instancia para la negociación de deudas. Su intervención es subsidiaria: entra en acción solo cuando se presentan controversias específicas que la ley le asigna —objeciones a créditos, impugnaciones al acuerdo, fracaso del procedimiento que derive en liquidación—. Ni los personeros municipales ni la Defensoría del Pueblo tienen competencia funcional para adelantar estos trámites, aunque sí pueden orientarte jurídicamente.

Concentración de Competencia Judicial

El juez que conozca la primera controversia que se suscite durante el trámite conocerá también de manera privativa de todas las demás controversias que se presenten, durante el trámite y durante la ejecución del acuerdo. Esto evita la dispersión en múltiples despachos y garantiza coherencia en las decisiones.

Trámites Gratuitos

Conforme al artículo 535 del CGP, son completamente gratuitos los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos adelantados ante: centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho, y centros de conciliación de entidades públicas (Cámaras de Comercio, Defensoría del Pueblo, Personerías, entidades adscritas al Ministerio de Justicia).

Trámites Onerosos — Tabla de Tarifas Máximas

Cuando el trámite se adelanta ante centros privados o notarías, las tarifas máximas se calculan sobre el total del capital de los créditos expresado en SMMLV:

Estas tarifas son máximos legales. El artículo 536 del CGP establece que no pueden constituir una barrera de acceso y deben ser acordes con la situación de insolvencia del deudor. Cuando varios miembros de un mismo núcleo familiar tramitan simultáneamente su insolvencia, el valor no puede exceder del 50% adicional al caso de mayor pasivo y complejidad del grupo.

Representación Jurídica Gratuita

Los consultorios jurídicos de las facultades de derecho pueden representar o acompañar gratuitamente a deudores cuando el monto total del capital de los pasivos no supere la mínima cuantía (aproximadamente $54.360.000 en 2025). Si tu deuda está en ese rango, tienes derecho a esta representación.

El conciliador no es un juez de la república, pero tiene amplias facultades cuasi-jurisdiccionales que lo diferencian profundamente de un conciliador ordinario. Su actuación está regulada por el artículo 537 del CGP.

Entre sus principales facultades: verificar si la solicitud cumple requisitos y conceder plazo para subsanar; aceptar la solicitud e iniciar el procedimiento; fijar fecha y hora de la audiencia dentro de los 10 días siguientes a la aceptación; elaborar la relación definitiva de acreencias con sus derechos de voto; comunicar la aceptación a todos los acreedores, jueces de procesos ejecutivos, empresas de servicios públicos y pagadores; e imponer sanciones a los acreedores que continúen cobros después de la aceptación.

El conciliador no puede ejercer funciones jurisdiccionales exclusivas del juez. Si las objeciones a los créditos no se concilian, remite el asunto al juez civil competente para su decisión. Durante ese trámite judicial, el término del procedimiento queda suspendido.

El artículo 538 del CGP establece que el requisito de fondo para acogerse a cualquiera de los procedimientos es encontrarse en cesación de pagos. Los tres requisitos son concurrentes — deben cumplirse todos.

La verificación de la cesación de pagos basta con la declaración del deudor, entendida rendida bajo la gravedad del juramento. Cualquier acreedor puede solicitar pruebas que sustenten la información suministrada.

¿Qué se Entiende por Pasivo Total a Cargo?

El pasivo total es la suma de todas las obligaciones económicas pendientes de pago con todos los acreedores al momento de presentar la solicitud: capital de cada obligación (sin importar si está vencida o no), intereses causados y pendientes, cánones vencidos de contratos de leasing, y cualquier otro concepto derivado de las obligaciones contraídas.

¿Qué Obligaciones Deben Negociarse?

Todas, sin excepción: tanto las que están en mora como las que aún están al día. El principio de universalidad del régimen concursal exige que la totalidad del pasivo quede vinculada. Si solo se negociaran las deudas en mora, los acreedores al día podrían verse perjudicados en el futuro. La única excepción: las obligaciones alimentarias siguen su curso de manera independiente, aunque deben ser relacionadas e informadas al conciliador.

El artículo 539 del CGP, modificado por la Ley 2445 de 2025, establece los elementos de la solicitud. Ningún centro de conciliación ni notaría puede imponer modelos inmodificables al deudor (parágrafo cuarto del mismo artículo).

El Informe sobre las Causas de la Cesación de Pagos

Debe ser claro, detallado y honesto. Explicar los factores que originaron la crisis: pérdida de empleo, enfermedad, reducción de ingresos, sobreendeudamiento progresivo, pandemia u otros eventos. Toda la información se rinde bajo la gravedad del juramento — hay responsabilidad legal por inexactitudes.

La Propuesta de Negociación de Deudas

Debe ser clara, expresa y objetiva. Plantea las condiciones bajo las cuales propone pagar: plazos, montos de cuotas, tasas de interés, periodos de gracia, daciones en pago. Debe ser viable y realista — debe corresponder a la capacidad de pago que resulte de los ingresos reales menos los gastos de subsistencia y administración. El artículo 540 del CGP permite incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias obligaciones.

El Orden de Prelación de Créditos

La relación de acreedores debe presentarse en el orden de prelación de los artículos 2488 y siguientes del Código Civil:

Cómo Calcular los Recursos Disponibles para el Pago

La fórmula básica es: Recursos disponibles = Ingresos totales − Gastos de subsistencia − Gastos de conservación de bienes − Gastos del procedimiento. Los gastos de subsistencia incluyen alimentación, vivienda, servicios públicos, transporte, salud y educación de las personas a cargo.

Si el deudor no tiene ingresos suficientes o no tiene recursos disponibles, igualmente puede iniciar el trámite — la situación de cesación de pagos no exige capacidad de pago como condición de acceso. La propuesta puede contemplar cuotas mínimas, daciones en pago, o en última instancia derivar a liquidación patrimonial.

Desde el momento en que el conciliador admite la solicitud, operan por ministerio de la ley los siguientes efectos. Son automáticos. No requieren decisión adicional. El artículo 545 del CGP los enumera con detalle.

Sanciones al Acreedor que Continúa Cobrando

Si un acreedor inicia o continúa un proceso de cobro después de ser notificado, el régimen de sanciones es progresivo: primera ocasión: llamado de atención; segunda: amonestación; tercera: se pospone el pago de todas sus obligaciones en el proceso; cuarta y siguientes: queja ante la Superintendencia Financiera o la SIC para multa equivalente al 10% del monto de los créditos cobrados, por cada infracción.

Este es el tema que más consultas genera. La respuesta concreta: si un banco o acreedor tiene en curso un proceso ejecutivo hipotecario para rematar su vivienda, la admisión de la solicitud de insolvencia suspende ese proceso por ministerio de la ley. No es un truco procesal. Es un efecto automático que ordena el artículo 545 del CGP.

Suspender no significa cancelar. El remate queda en pausa mientras el proceso de insolvencia está activo. Si usted llega a un acuerdo que contempla la hipoteca y lo cumple, el proceso ejecutivo termina definitivamente. Si el proceso de insolvencia fracasa sin acuerdo, el remate puede reanudarse.

La Afectación a Vivienda Familiar como Herramienta Complementaria

La afectación a vivienda familiar (Ley 258 de 1996) protege el inmueble destinado a vivienda familiar de ser embargado por deudas personales del propietario. Funciona si la vivienda ya estaba afectada antes de que se constituyera el crédito. La limitación: no funciona si el crédito que generó la hipoteca fue precisamente para comprar esa vivienda — en ese caso el banco sí puede ejecutar.

El artículo 547 del CGP es claro: la protección del proceso de insolvencia al deudor principal no se extiende automáticamente a sus codeudores, fiadores, avalistas o aseguradores.

Los procesos ejecutivos que ya estuvieren iniciados contra los terceros garantes continúan su curso salvo que el acreedor exprese voluntad contraria. Si al momento de la aceptación no se había iniciado ningún proceso contra los terceros, los acreedores conservan íntegramente sus derechos frente a ellos y pueden iniciar o continuar acciones. El acreedor puede cobrarle directamente al codeudor o avalista el 100% de la deuda, aunque el deudor principal esté en insolvencia.

La audiencia de negociación es el corazón del procedimiento. El conciliador la fija dentro de los 10 días siguientes a la aceptación. Su desarrollo está reglamentado en el artículo 550 del CGP.

Las Cuatro Fases de la Audiencia

La audiencia puede desarrollarse en varias sesiones dentro del término de 60 días hábiles. El conciliador puede suspenderla hasta por 5 días hábiles adicionales cuando las partes necesiten revisar documentos, cuando haya controversias que requieran pruebas adicionales, o cuando se presenten objeciones a los créditos que deban remitirse al juez.

Duración Total del Trámite

El término es de 60 días hábiles desde que quede en firme la aceptación. Puede extenderse por 30 días adicionales a solicitud conjunta del deudor y cualquier acreedor con quien ya se hayan conciliado sus derechos. Para el deudor comerciante, hasta por 90 días adicionales con voto favorable de la mayoría. El término se suspende durante el trámite de controversias ante la jurisdicción ordinaria y durante los períodos de vacancia judicial.

El acuerdo se aprueba cuando los acreedores presentes o representados que voten a favor representen la mayoría del capital adeudado (mitad más uno del valor de los créditos con derecho a voto). No es mayoría de número de acreedores, sino de valor.

Una vez aprobado, el acuerdo es obligatorio para todos los acreedores, incluidos los ausentes, los que se abstuvieron y los que votaron en contra. Impedir que un acreedor disidente bloquee indefinidamente el acuerdo es uno de los efectos más poderosos del proceso.

Impugnación del Acuerdo

El acuerdo aprobado puede ser impugnado cuando se acredite que fue obtenido con fraude, dolo o error. Debe interponerse ante el juez civil competente dentro de un plazo perentorio. El simple desacuerdo con el resultado de la negociación no es causal de impugnación — el acuerdo aprobado por mayoría obliga a todos, incluyendo a los disidentes.

Cualquier acreedor puede solicitar al conciliador o juez la declaratoria de incumplimiento. Si se declara, se abren dos posibles caminos: la apertura del proceso de liquidación patrimonial, o en algunos casos la posibilidad de modificar el acuerdo si el incumplimiento es temporal y existe voluntad de las partes.

La liquidación patrimonial como consecuencia del incumplimiento es diferente a la liquidación voluntaria: el deudor pierde la iniciativa y los acreedores toman el control del proceso de realización de activos.

El incumplimiento en el pago de los gastos de administración durante el trámite —arrendamiento, servicios públicos, seguridad social de empleados— es causal de fracaso del procedimiento de negociación, lo que puede derivar en la apertura de la liquidación patrimonial.

El artículo 574 del CGP establece el término mínimo que debe transcurrir antes de presentar una nueva solicitud. Los términos varían según el resultado del trámite anterior:

• Si concluyó con un acuerdo de pago: no puede iniciarse nuevo trámite hasta que hayan transcurrido 5 años desde la aprobación del acuerdo.
• Si concluyó con liquidación patrimonial o fracasó sin acuerdo: la ley también establece períodos mínimos de espera.

Estos límites tienen por objeto evitar el uso abusivo del régimen y garantizar que los acreedores tengan certeza sobre la estabilidad de los acuerdos. Una persona que enfrenta una nueva crisis económica por circunstancias sobrevinientes distintas puede nuevamente acceder al sistema una vez cumplido el término legal.

Relación de Acreedores Incompleta

Omitir un acreedor deliberadamente puede configurar el delito de quiebra fraudulenta. Omitirlo por olvido puede generar nulidades. Si no está seguro de si una deuda existe, inclúyala como contingente. Es siempre mejor incluir de más.

Propuesta de Pago Insostenible

Aceptar condiciones que no puede cumplir por presión de los acreedores o del conciliador es el camino más corto al fracaso. Un acuerdo incumplido abre la puerta a la liquidación patrimonial, que es un escenario mucho peor que no haber iniciado el proceso.

El Efecto sobre los Codeudores

Si tiene codeudores que no están preparados para asumir la presión, el proceso puede generarles un problema serio. Gestione este riesgo con anticipación — no como argumento para no iniciar el proceso, sino como parte de la estrategia.

Acreedores con Garantías Reales

Los acreedores con hipoteca o prenda pueden solicitar la exclusión del bien dado en garantía del proceso de liquidación y ejecutar la garantía directamente. El banco hipotecario tiene posición negociadora más fuerte. El acuerdo con él debe ser realista: si no le paga la hipoteca, el banco puede salirse del proceso y ejecutar el inmueble.

Usar el Mecanismo Incorrecto

Si sus ingresos son tan bajos que no hay excedente para ningún acuerdo, lo que corresponde es la liquidación patrimonial directa, no la negociación. Si sus deudas son manejables con una reestructuración directa, el proceso formal puede ser innecesario. El mecanismo correcto para la situación correcta siempre produce mejores resultados.

Referencias y Fuentes

• Ley 2445 de 2025 — Alcaldía de Bogotá (texto oficial)
• Decreto 1136 de 2025 — corrección de yerros
• Decreto 2677 de 2012 compilado en Decreto 1069 de 2015 — tarifas máximas
• Ley 1564 de 2012 — SUIN-Juriscol (versión actualizada)
• Ministerio de Justicia — Procedimiento para negociación de deudas