SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-213008 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020

ASUNTO: ASOCIACIONES PUEDEN ACCEDER AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA ESTABLECIDO EN LA LEY 1116 DE 2006.

Acuso recibo de su escrito citado en la referencia mediante el cual, formula una consulta en los siguientes términos:
“Puede un ACUEDUCTO VEREDAL constituido como una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO acogerse a la LEY 1116, en razón a su situación financiera que pone en peligro su subsistencia, y por ende, la prestación de un servicio esencial para la comunidad?”
Sobre el particular, me permito manifestarle que al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1023 de 2012, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y particulares, de conformidad con las normas que rigen sus servicios y funciones, y en esa medida emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto sobre temas de derecho societario a su cargo, cuyo alcance tendrá los efectos previstos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no sobre asuntos de orden contractual, procedimental o jurisdiccional.
De ahí que sus respuestas en esta instancia, no se dirigen a prestar asesoría a los particulares o sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales que se tramitan ante la Entidad o por los despachos judiciales, máxime
si se tiene en cuenta que la doctrina constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias, invariablemente exige, que los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales, estén dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales o administrativas, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.
No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo, hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de las normas que regulan la materia, así:
En lo que respecta al ámbito de aplicación, la Ley 1116 de 2006, señalo expresamente en su artículo 2° las personas jurídicas o naturales que pueden acogerse al régimen de insolvencia:
“Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. (…)”.
Ahora bien, el artículo 3º de dicha Ley, prevé que no están sujetas al régimen de insolvencia las siguientes personas jurídicas:
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.
10. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos deudores.
Como puede colegirse de lo expuesto, las personas jurídicas como las asociaciones y otros tipos entidades sin ánimo de lucro, no se encuentran excluidas del régimen  de insolvencia establecido por la Ley 1116 de 2006; no obstante, cuando éstas deban someterse a un régimen especial de liquidación deberán estarse al mismo y en este evento, tal como se planteó en el numeral 9° antes citado, se entenderán excluidas de los procesos contemplados en la mencionada Ley 1116 de 2006.
Ahora, en cuanto se refiere a la autoridad competente para adelantar los procesos de insolvencia a que alude la Ley 1116 de 2006 respecto de asociaciones que, como se dijo, no cuentan con un régimen especial de liquidación, dispone el artículo 6º ídem:
“COMPETENCIA. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades: en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.” (Subraya y negrilla fuera del texto).
De la norma antes citadas, se colige, de un lado, que la Superintendencia de Sociedades, solamente tiene competencia para tramitar los procesos concursales de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, y a prevención de las personas naturales comerciantes, siempre y cuando no estén excluidas del régimen de insolvencia ni estén sujetas a un régimen especial de recuperación de los negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar, y de otro, que los jueces civiles del circuito del domicilio principal del deudor, conocerán de los procedimientos concursales de las demás personas jurídicas no excluidas del proceso.
Por tanto, resulta claro que la competencia para tramitar el proceso de insolvencia de las asociaciones sin ánimo de lucro, en los términos antes descritos, se encuentra radicada en el Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor.
En los anteriores términos se da respuesta a su consulta, no sin antes advertir que la misma tendrá el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil y de lo Contencioso Administrativo.

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