SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-173725 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022

ASUNTO: ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

Me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual formula una serie de consultas relacionadas con la liquidación judicial de una sociedad, en los siguientes términos:
“1. Qué sucede con la actividad comercial y negocios de una sociedad que entra en proceso de liquidación judicial. ¿Cuáles son los efectos, comerciales, económicos, financieros, contables, jurídicos,  para el pago de créditos bancarios o deudas?
2. Si la sociedad no cuenta con los recursos para realizar los pagos por falta de liquidez qué pasa con las obligaciones de los contratos de leasing.
3. En caso de que la sociedad sea decretada en liquidación judicial y se hubiera configurado la cláusula de terminación por mora en los contratos de leasing ¿hay algún beneficio o efecto económico en los contratos de leasing?”
En primer lugar, se pone de presente que por virtud de las Resoluciones 2022-01-552947 de 24 de junio de 2022, 2022-01-553147 de 18 de junio de 2022 y 2022-01-551376 de 5 de julio de 2022 emitidas por la Superintendencia de Sociedades, se suspendieron los términos para los procesos judiciales de  Procedimientos Mercantiles, de Insolvencia e Intervención, así como los términos para los trámites y procedimiento administrativos y disciplinarios que se adelantan en la Superintendencia de Sociedades, desde el día 24 de junio de 2022 hasta el día 10 de julio de 2022.
Del mismo modo, debe señalarse que, en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta, la Superintendencia de Sociedades con fundamento en los artículos 14 y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, emite conceptos de carácter general y abstracto sobre las materias a su cargo, que no se dirigen a resolver situaciones de orden particular, ni constituyen asesoría encaminada a solucionar controversias, o determinar consecuencias jurídicas derivadas de actos o decisiones de los órganos de una sociedad determinada. A su vez, sus respuestas a las consultas no son vinculantes ni comprometen la responsabilidad de la Entidad.
Con el alcance indicado, este Despacho procede a responder sus preguntas en los siguientes términos:

Respecto de su primera inquietud, resulta pertinente citar los efectos de la apertura de un proceso de liquidación judicial, contemplados en el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006:
“Artículo 50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
1. La disolución de la persona jurídica. En consecuencia, para todos los efectos legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión «en liquidación judicial».
2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica, si los hubiere.
3. La separación de todos los administradores.
4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez del concurso.
5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan.
6. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
7. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo. Serán tenidas como obligaciones del fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo.
Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato, mediante oficio al notario competente que conserve el original de las escrituras pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la matrícula correspondiente. El acto de restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo se considerará sin cuantía, para efectos de derechos notariales, de registro y de timbre.
Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos.
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica que la masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las obligaciones a cargo del patrimonio autónomo de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al concurso.
La fiduciaria entregará los bienes al liquidador dentro del plazo que el juez del proceso de liquidación judicial señale y no podrá alegar en su favor derecho de retención por concepto de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del contrato.
8. La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor o contra sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, estuvieren  perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial.
9. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. La apertura del proceso de liquidación judicial del deudor solidario no conllevará la exigibilidad de las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores.
10. La prevención a los deudores del concursado de que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona distinta.
11. La prohibición para administradores, asociados y controlantes de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la providencia que lo decrete, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos serán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de las sanciones que aquellos le impongan.
12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos.
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales.
13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de Colombia o del exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para adelantar procesos de titularización a través del mercado público de valores, ni de aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de la estructura de la emisión.” (Subraya y negrilla fuera del texto)
A partir de la norma transcrita, claramente se evidencia que de acuerdo con el numeral primero, y en concordancia con el artículo 222 del Código de Comercio, disuelta la sociedad esta no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación.
Ahora bien, en cuanto al pago de obligaciones, éstas deben ser calificadas y graduadas, respetando su naturaleza y prelación en los términos previstos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen.
En relación con su segunda inquietud, se informa que de conformidad con el numeral 4 del artículo transcrito anteriormente, con la apertura del trámite de liquidación judicial se produce la terminación de los contratos de tracto sucesivo, no necesarios para la preservación de los activos, salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución, impartida por el juez del concurso.
Ahora bien, esta Oficina mediante oficio 220-179405 de 31 de diciembre de 2019, se pronunció respecto al tratamiento del leasing cuando existe opción de compra, así:
“En la medida en que la sociedad en trámite de liquidación judicial tenga un “activo en leasing” respecto del cual pueda hacer uso de la prerrogativa de la opción de compra, o de “ceder esa posibilidad a un tercero”, el liquidador de la sociedad concursada tendrá que efectuar un análisis muy detallado de la situación fáctica y jurídica de esa circunstancia, así:
(…)
-El liquidador deberá verificar claramente el estado y avance de los pagos del contrato del “activo en leasing, para soportar o no la posibilidad de incluirlo dentro del inventario, como la posibilidad se puede hacer uso de la prerrogativa de la opción de compra en aras de la prenda general de los creedores (sic) y proceder a su valoración dentro del proceso de la sociedad que tramita un proceso de liquidación judicial.
-Una vez valorado el “activo en leasing”, como la opción de compra, o la posibilidad de ceder esa opción a un tercero dentro del proceso de liquidación judicial, el liquidador puede proceder a la venta directa o la cesión correspondiente en los términos del artículo 572 de la Ley 1116 de 2006.
Será necesario, poner en conocimiento del juez del concurso, cualquier aspecto inherente con la posibilidad de incluir dentro del inventario o no, un “activo en leasing”, como la opción de compra, y demás aspectos para que se definan de acuerdo a las circunstancias fácticas de cada caso.”
Frente a su tercera consulta, se reitera lo indicado en la respuesta a la primera pregunta, en el entendido de que todas las obligaciones de la sociedad quedan supeditadas al proceso de liquidación judicial y, por tanto, para su pago, deben ser calificadas y  graduadas, respetando su naturaleza en los términos previstos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen.
En los anteriores términos se ha atendido su inquietud, no sin antes manifestarle que el presente oficio tiene los alcances del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que en la Página WEB de ésta entidad puede consultar directamente la normatividad, los conceptos que la misma emite sobre las materias de su competencia, la Circular Básica Jurídica y el aplicativo Tesauro donde podrá consultar la doctrina jurídica y la jurisprudencia mercantil de la Entidad.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?
Pago en línea