SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-022557 DEL 9 DE MARZO DE 2021

ASUNTO: SOCIEDAD LIQUIDADA.

Acuso recibo del escrito citado en la referencia, con el cual presenta la siguiente consulta:
“CON EL FIN DE GESTIONAR ADECUADAMENTE TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FORMALES, COMO LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE RUT (ORDINARIOS Y/O SUJETOS A VERIFICACIÓN – CANCELACIÓN DE NIT), PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, ES NECESARIO CONOCER CUÁL ES LA PERSONA COMPETENTE PARA REPRESENTAR UNA SOCIEDAD ANTE ESTA ENTIDAD, PARA LOS CASOS DE LAS SOCIEDADES QUE YA SE ENCUENTRAN LIQUIDADAS Y CUYO ÚNICO LIQUIDADOR YA FALLECIÓ.
LO ANTERIOR, BAJO EL ENTENDIDO QUE LOS REGISTROS DE CÁMARA NO PUEDEN SER MODIFICADOS UNA VEZ LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA”.
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
Con el alcance indicado, y bajo el entendido que se trata de una liquidación voluntaria, este Despacho se permite realizar las siguientes consideraciones de índole jurídico:
Mediante oficio 220-050871 del 10 de abril de 2014, éste Despacho se ha referido al tema en los siguientes términos:
“(…)
En cuanto a la cancelación de la matrícula mercantil, trámite que debe cumplirse por parte de las Cámaras de Comercio, es del caso observar que de acuerdo con el artículo 31 del Código de comercio, la solicitud de matrícula debe efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad fue constituida. De la misma manera y aunque la norma no lo expresa, se entiende que cuando una sociedad disuelta hubiere culminado el trámite liquidatorio, previa la aprobación de la cuenta final de liquidación y entregado a los socios el remanente que les corresponda, deberá cancelar la matrícula mercantil; a partir de ese momento desaparece como persona jurídica y en tal virtud, no tiene capacidad para contratar ni con el estado ni con personas naturales o jurídicas de ninguna índole.”
Por su parte, el Honorable Consejo de Estado ha señalado lo siguiente en su Sentencia 2010-00343 de 04 de abril de 2019, Rad. 76001-23-31-000-2010-00343-01 (24006), C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez:
“(…)
Surtido el trámite de la liquidación, la personalidad jurídica de las sociedades se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación. A ese aspecto se refirió el Oficio 220-036327, del 21 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se señaló que la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil implica la desaparición de la sociedad y de sus órganos del mundo jurídico, por lo cual la entidad ya no existe en el «tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia, no puede de ninguna manera seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones»; análisis que es coincidente con la jurisprudencia de la esta Sección, que señaló en la sentencia del 7 de marzo de 2018 (exp. 23128, C.P. Stella Jeannette Carvajal):
… la capacidad para actuar se extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil y, a partir de ese momento, las personas jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden ser sujeto de derechos y obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso.
3. En esos términos, cabe entender que las sociedades en estado de liquidación pueden comparecer en juicios con observancia del límite de su capacidad, encaminada a su inmediata liquidación; pero, una vez se inscribe el acta de
aceptación de la terminación de la liquidación en el registro mercantil, se liquida la sociedad, lo que conlleva la extinción de la personalidad jurídica.
Una vez extinguida la personalidad jurídica de la sociedad, el liquidador de la sociedad liquidada pierde la competencia para representar y realizar todas aquellas gestiones encomendadas por la ley, de tal forma que carece de capacidad para conferir poder en nombre de la sociedad y para intervenir judicial y extrajudicialmente. Es decir que la sociedad no solo pierde la capacidad para ser parte, sino también la capacidad procesal, dado que no puede ser representada.
(…)”.
Por lo anterior, es claro que una vez culminada la liquidación de la sociedad, esta desaparece como persona jurídica y, por ende, también desaparece su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. A su vez, el liquidador de la sociedad liquidada pierde la competencia para representar y realizar todas aquellas gestiones encomendadas por la ley.
Por último, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Comercio, el cual dispone:
“Artículo 256. Las acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y las de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.
Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación”.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no sin antes señalar que puede consultarse en la Página WEB de la Entidad, la normatividad, los conceptos jurídicos alusivos con el tema u otro de su interés.

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