Concepto de la Superintendencia de Sociedades

OFICIO 220-124184 DEL 27 DE JUNIO DE 2017

ASUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL COMO MEDIDA PARA CONCLUIR LA LIQUIDACIÓN PRIVADA DE LA SOCIEDAD.

Me refiero a su escrito radicado con el número 2017-01-274424, mediante el cual, describe la situación de falta de liquidez en el caso de una sociedad anónima en liquidación voluntaria, que tiene la necesidad de atender gastos básicos de operación como el pago del contador, revisor fiscal, abogados, impuestos y frente a esas circunstancias consulta si es posible aumentar el capital autorizado y emitir acciones para ser suscritas por sus accionistas, en aras a poder continuar el trámite de liquidación.

Al respecto es oportuno traer a colación los apartes pertinentes del Oficio 220- 44462 del 30 de octubre de 2001, a través del cual este Despacho se ocupó del tema de la capitalización en sociedades disueltas y en estado de liquidación (voluntaria y obligatoria), con nuevo capital.

“(…)

Sea lo primero poner de presente que la disolución de una sociedad produce efectos jurídicos en relación con la capacidad de la misma, en relación con el contrato social, en relación con los órganos sociales y en relación con el patrimonio.

Así, por efecto de la disolución de la sociedad, su capacidad jurídica se restringe únicamente para los actos necesarios a su inmediata liquidación; respecto del contrato, algunas de sus cláusulas pierden vigencia, como por ejemplo las relativas a la forma de ejercer el objeto social, atendiendo a la prohibición expresa de continuar con los negocios sociales; en relación con los órganos sociales, dispone el artículo 223 del Código de Comercio que «disuelta la sociedad las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación», luego sus funciones cambian sustancialmente. Por su parte, la junta directiva se transforma en simple organismo consultor del liquidador y la revisoría fiscal cumple una labor fundamental durante el proceso de liquidación, como por ejemplo, oponerse a la realización de nuevos negocios que impliquen continuación del objeto social. Así mismo, le compete realizar una cuidadosa vigilancia de las operaciones propias del proceso liquidatorio.

Finalmente, respecto del patrimonio, como universalidad jurídica compuesta por activos y pasivos, una vez disuelta la sociedad «ya no está al servicio de la empresa social sino que asume la misión exclusiva de servir de prenda común de los acreedores. Esto significa que los bienes de la compañía deberán destinarse

en primer término al pago de las obligaciones que la sociedad haya contraído con terceros, esto es, la cancelación del pasivo externo. Evidentemente, los fines de la liquidación no son otros que los de distribuir el patrimonio entre acreedores y socios para, posteriormente, extinguir el ente societario.

(…)

Ahora bien, no obstante que por efecto de la disolución de la sociedad su capacidad se restringe en los términos anotados, y que en el escenario de la liquidación sea voluntaria u obligatoria, el patrimonio social cumple una función estrictamente garantista de las obligaciones a su cargo, nada se opone a que por la vía del aumento del capital se mejore la prenda común de garantía de los acreedores, decisión que habrá de tomarse por el máximo órgano social.

En efecto, nótese que si la finalidad del trámite liquidatorio es la realización de los activos sociales para atender el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad disuelta y la posterior distribución de los remanentes entre los asociados, el eventual incremento de capital que se lleve a cabo en esta etapa, estará llamado a mejorar la prenda común de los acreedores, sin que ello signifique que por ése solo hecho se entienda enervada la causal de disolución, pues para el efecto deberá tenerse en cuenta, además de lo previsto en el inciso segundo del artículo 222 del Código de Comercio, la expresa e inequívoca intención del máximo órgano social de salir de la situación que dio origen a la disolución de la compañía, siempre que ello resulte viable, de acuerdo con la causal correspondiente.

(…)”

Por lo anterior, la operación referida a la emisión de acciones para ser suscritas entre los accionistas, previa adopción de la reforma estatutaria consistente en el capital autorizado, podría ser viable en el escenario de la liquidación voluntaria de la sociedad siempre que se den los presupuestos legales aludidos.

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida con los efectos descritos en el artículo 28 del C.C.A. no sin antes señalar que en la P. Web puede consultar entre otros la normatividad, los conceptos que la Entidad emite, como la Circular Básica Jurídica.