SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-198461 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2020

ASUNTO: PROCESOS DE INSOLVENCIA – EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA.

Me refiero a su comunicación mediante la cual requiere una orientación sobre la competencia de la Superintendencia de Sociedades en procesos de insolvencia de empresas constructoras de vivienda.
Sobre el particular es necesario advertir que si bien en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, a este Despacho le corresponde emitir conceptos con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, estos son expresados de manera general puesto que sus respuestas no pueden estar dirigidas a resolver situaciones particulares y concretas, en tanto que su labor es eminentemente pedagógica y busca ilustrar a los particulares sobre los temas que le competen, lo que explica, a su vez, que las mismas no tengan carácter vinculante ni comprometan su responsabilidad.
En este contexto, las respuestas en instancia consultiva no pueden condicionar el ejercicio de las competencias administrativas o jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades.
Efectuada la precisión que antecede y previa revisión de las normas atinentes al caso propuesto, es preciso advertir que la Superintendencia de Sociedades dejó de ejercer vigilancia sobre la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, a partir de la Ley 136 del 2 de junio de 1994. a través de la cual se dictan disposiciones tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, en cuyo artículo 187, estableció que la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, correspondía a los concejos municipales, dentro de los límites señalados por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y dispuso claramente que el ejercicio de tales atribuciones “se llevará a cabo por parte de los municipios después de transcurridos seis (6) meses a partir de la vigencia de esta Ley”.
En el mismo contexto relacionado con la actividad de vivienda, se expidió la Ley 388 del 18 de julio de 1997, por la cual se modifica la Ley 3ª de 1991 y la Ley 9ª de 1999, la cual, entre sus objetivos previó el de actualizar las disposiciones de esta última con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental, y dispuso en el Artículo 125 lo siguiente:
“Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y que se encuentren en las situaciones previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, podrán acceder al trámite de un concordato o de una liquidación obligatoria, en los términos previstos en la Ley 222 de 1995 o en las normas que la complementen o modifiquen, siempre y cuando estén desarrollando la actividad urbanística con sujeción a las disposiciones legales del orden nacional, departamental, municipal o distrital.
PARAGRAFO 1o. Las personas naturales o jurídicas de que trata este artículo, incursas en cualquiera de las situaciones descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, estarán sujetas a la toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes, en los términos de la citada disposición.
PARAGRAFO 2o. Cuando las causales previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las previstas en la misma disposición, procederá la toma de posesión.
(….)”. 1
Sobre la señalada norma legal, esta Superintendencia mediante Oficios 220- 056804 de 19 de julio de 2012 y 220- 004395 de 20 de enero de 2014, ha expresado lo siguiente:
“(…) De la normativa transcrita se infieren diferentes supuestos, por ende, competencias igualmente diferentes, a saber:

1- Si de la persona natural o jurídica que se dedica a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, se predica alguna de las situaciones señaladas en los numerales 1 o 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, la misma podrá acceder al trámite de un proceso de reorganización o de liquidación judicial regulados en la Ley 1116/06, procesos concursales de conocimiento de esta Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales (Art. 116 C. P.).
2- Cuando de la persona natural o jurídica se predica alguna de las causales previstas en los numerales 2, 3, 4 o 5 de la citada Ley 66, lo que procede es la toma de posesión, que, en opinión de esta Entidad, estará a cargo y bajo la responsabilidad de los Entes Territoriales.
3- Un tercer supuesto, cuando en la persona natural o jurídica que desarrolla la actividad de vivienda se presenta alguna de las situaciones previstas en los numerales 1 o 6 pero al tiempo concurre alguna de las causales señaladas en los numerales 2, 3, 4 o 5 del artículo 12 de la Ley 66 o Estatuto de Vivienda, lo que procede es la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes, procedimiento que, tal como quedó anotado, compete a los Entes Territoriales de acuerdo con el traslado de funciones al que se ha hecho referencia.
En resumen, de lo expuesto esta Superintendencia carece de competencia para aplicar la figura jurídica denominada toma de posesión o intervención forzosa administrativa frente a las personas naturales o jurídicas que desarrollan la actividad de vivienda; pero si es competente para conocer e impulsar los procesos de insolvencia -reorganización o liquidación judicial- de naturaleza concursal previstos en la Ley 1116 Cit.”.
En los anteriores términos se ha atendido su consulta, no sin antes manifestarle que el presente oficio tiene los alcances del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?
Pago en línea