SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO: 220-337666 29 DE DICIEMBRE DE 2022

ASUNTO: PRINCIPIO DE BUENA FE – CAMARAS DE COMERCIO

Me refiero a su escrito radicado en esta entidad como se menciona en la referencia mediante el cual formula una serie de inquietudes, previas las siguientes consideraciones:
“¿En qué consiste el principio de buena fé? ¿en qué consiste el principio de buena fe para la Cámara de Comercio de Cúcuta?
Agradezco en éste sentido, se me oriente sobre el alcance de éste principio, en los eventos donde el comerciante presenta ante la Entidad para su inscripción como es el caso de la constitución de una sociedad por acciones simplificadas.”
Antes de resolver lo propio debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se encuentran enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020 modificado por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
Con el alcance indicado, este Despacho procede a resolver sus inquietudes, en los términos vistos a continuación.
En efecto, el principio de buena fe que refiere su escrito, se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia, documento que como es sabido, es la ley superior del Estado, en la cual se encuentran enmarcados los derechos y obligaciones tanto de los miembros de la administración pública como de los particulares en el desarrollo de sus actividades, encontrándose consignado así:
“ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” (Negrilla fuera de texto)
Lo anterior, evidencia que el principio de buena fe no se limita a ser un principio general del derecho que rige las relaciones entre particulares y entre estos con el Estado, si no que el encontrarse incorporado en la Carta Magna, pone de presente su imperatividad y trascendencia.
La Corte Constitucional ha desarrollado este principio en múltiples pronunciamientos, como en el caso de la Sentencia T-084 de 2015, que a la letra consigna:
“De esta cláusula constitucional se derivan varios elementos importantes a la hora de valorar la forma en la que se desarrollan las relaciones entre las personas privadas y la administración. En primer lugar, se tiene que el principio de buena fe, esto es, la convicción de estar obrando de conformidad a la Constitución y la ley, es un deber que se encuentra tanto a cargo de los particulares como del propio sector público.”
De igual forma, y más concretamente en relación con el desempeño de funciones de las autoridades administrativas, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
(…)
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” (Subraya y negrilla fuera de texto)
Para mayor claridad del alcance de las normas citadas en pretérito, vale la pena traer a colación lo expuesto en Sentencia C-071 de 2004 de la Corte Constitucional:
“La presunción de la buena fe busca que las autoridades actúen frente al particular con ánimo de servicio en la solución de sus legítimas pretensiones. La mala fe debe probarse en cada caso concreto y sólo entonces procederán las medidas preventivas, lo mismo que las sanciones a que hubiere lugar”
En este punto, es del caso señalar que el principio de buena fe en las gestiones que adelanten las autoridades estatales, se encuentra ligado el principio de confianza legítima, el cual ha venido siendo desarrollado por las altas cortes, como en el caso de la Sentencia C-131 de 2004 de la Corte Constitucional, que lo define indicando lo siguiente: “El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica.”
En consonancia con lo anterior, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da aplicación al principio de buena fe y confianza legítima en las actuaciones de la administración pública, consagrando:
“ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
” Ahora bien, habiendo ya precisado y desarrollado lo concerniente al principio de buena fe que deben observar, como se mencionó en pretérito, tanto los particulares, como las entidades del sector estatal y aquellas entidades privadas que ejercen funciones públicas, procede entonces revisar lo referente a las Cámaras de Comercio en Colombia y lo establecido en la ley respecto de su naturaleza jurídica.
“ARTÍCULO 78. Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes.”
La Corte Constitucional se ocupó del tema, abordando una definición completa que abarca en gran medida la operación de esta clase de entidades mediante Sentencia C- 135 de 2016, así:
“Las Cámaras de Comercio son personas jurídicas de derecho privado, de naturaleza corporativa, gremial y sin ánimo de lucro, que por expresa disposición legal ejercen funciones públicas mediante la figura de la descentralización por colaboración.”
Las funciones de las Cámaras de Comercio, fueron consignadas por el legislador en el artículo 86 del Código de Comercio, siendo de destacar la de llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos.
Por otro lado, se hace necesario precisar que las funciones de inspección, vigilancia y control de las Cámaras de Comercio1, así como la función de dirigir, instruir, orientar, coordinar y controlar el ejercicio de las facultades asignadas en relación con las mismas2, corresponde a la Superintendencia de Sociedades, en virtud de lo cual fue expedida la Circular Externa 100-000002 del 25 de abril de 2022, mediante la cual se establecieron una serie de instrucciones o directrices a tener en cuenta por las Cámaras de Comercio en el ejercicio de sus funciones, indicando:
“1.1.7. Formalidades de los documentos sujetos a registro. Las cámaras de comercio no podrán exigir originales o fotocopias autenticadas de los documentos que se presentan para registro, ni tampoco exigir que se autentiquen las firmas de quienes suscriben los documentos sujetos a registro, salvo las excepciones previstas en la ley (por ejemplo, se podrán radicar copias simples, sin presentación personal, de los documentos que informen situación de control, grupo empresarial, certificados de revisor fiscal, mutaciones, documentos que se adjuntan al formulario del Registro Único de Proponentes (RUP) para soportar los datos que se relacionan en el formulario, incluyendo en este último caso, los estados financieros de las sociedades nacionales y extranjeras, entre otros).
(…)
Cuando una norma exija que un documento debe ser autenticado o reconocido por las partes ante funcionario competente, como es el caso de la constitución de una sociedad por acciones simplificadas, la venta del establecimiento de comercio, entre otros, podrá ser presentado ante el secretario de cualquier cámara de comercio.” (Negrilla fuera de texto)
De lo expuesto, se procede a dar debida y oportuna respuesta a cada una de las inquietudes planteadas observando el mismo orden en el que fueron formuladas, así:
“¿En qué consiste el principio de buena fe?”
Teniendo en cuenta, tal como se vio anteriormente, que la ley no consagra de manera concreta una definición del principio de buena fe, pero el mismo sí ha venido siendo desarrollado jurisprudencialmente, esto permite indicar, según lo expuesto, que el principio de buena fe es el deber que tienen tanto los particulares como las autoridades administrativas y las personas jurídicas de derecho privado que ejercen funciones públicas, de obrar de conformidad con la Constitución y la ley en el desarrollo de sus actividades.
¿En qué consiste el principio de buena fe para la Cámara de Comercio de Cúcuta?
En concreto, en el caso de la Cámara de Comercio de Cúcuta, teniendo en cuenta que dichas entidades son personas jurídicas de derecho privado con funciones públicas, les aplicará el principio de buena fe entendido como aquel con el que deben obran en el ejercicio de estas funciones, ajustando las mismas a lo consignado en la normativa vigente.
“Agradezco en éste sentido, se me oriente sobre el alcance de éste principio, en los eventos donde el comerciante presenta ante la Entidad para su inscripción como es el caso de la constitución de una sociedad por acciones simplificadas.”
En atención a lo expuesto en los dos puntos anteriores, las Cámaras de Comercio deberán ejercer sus funciones, dando cumplimiento a lo indicado en la normativa vigente sobre la materia de que se trate, absteniéndose de exigir requisitos adicionales a sus usuarios para el ejercicio de sus derechos, por lo cual para proceder con la inscripción en el registro mercantil del documento de constitución de una sociedad por acciones simplificada, deberá la Cámara de Comercio proceder observando lo establecido en la Circular Externa 100-000002 del 25 de abril de 2022 y demás leyes al respecto.
De conformidad con lo expuesto, se respondió de manera cabal su consulta. Se reitera que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que en la página web de esta entidad puede consultar directamente la normatividad, así como los conceptos que la misma ha emitido sobre las materias de su competencia a través de Tesauro y la Circular Básica Jurídica, entre otros documentos de consulta.

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