SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-060816 22 DE MARZO DE 2023

ASUNTO PAGO DE PASIVOS POR RETENCIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO DENTRO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN, TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDOS DE REORGANIZACIÓN Y PROCESO DE REORGANIZACIÓN ABREVIADO PARA PEQUEÑAS INSOLVENCIAS.

Acuso recibo del escrito citado en la referencia, con el cual presenta una consulta relacionada con el tema del asunto.
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020, modificado por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
De ahí que sus respuestas en esta instancia, no se dirigen a prestar asesoría a los particulares o a sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales que se tramitan ante la Entidad o por los despachos judiciales, máxime si se tiene en cuenta que la doctrina constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias, invariablemente exige, que los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales, estén dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como Juez en las instancias procesales a que haya lugar.
Con el alcance indicado, este Despacho procede a responder sus inquietudes en el mismo orden en que fueron plantadas:
“Las retenciones en la fuente que adeuda a la DIAN un contribuyente que quiere ser parte del proceso de reorganizacion empresarial regulado por los Decretos 560, 772 y 939 pueden incluirse en el acuerdo?
¿El impuesto a las ventas también puede ser incluido en el acuerdo regulado por el decreto 560?
¿Los aportes al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión ARL), también puede ser parte del acuerdo de reorganización regulado por los decretos 560, 772 y 939?
¿En caso de que la sociedad decida acogerse por la insolvencia de la ley 1116 de 2006 también pudiera incluir lo adeudo por retención en la fuente, retención de industria y comercio y seguridad social?”
El artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, en torno al pago de las retenciones de carácter obligatorio dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 32. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquiera otra índole a que hubiere lugar, la existencia de pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social no impedirá al deudor acceder al proceso de reorganización.
En todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informará al juez acerca de su existencia y presentará un plan para la atención de dichos pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo de reorganización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condición, el juez no podrá confirmar el acuerdo que le fuere presentado.
Las obligaciones que por estos conceptos se causen con posterioridad al inicio del proceso serán pagadas coma <sic> gastos de administración.”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Por lo tanto, en el PROCESO DE REORGANIZACIÓN, TRAMITE DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDOS DE REORGANIZACIÓN Y PROCESO DE REORGANIZACIÓN ABREVIADO PARA PEQUEÑAS INSOLVENCIAS, el pago de los pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social, se realizará conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010 y, en consecuencia, no podrán incluirse dentro del acuerdo de reorganizacion correspondiente.
“¿En caso de que una clase no quiera acogerse al acuerdo y este fracase puedo de manera inmediatamente irme a la insolvencia de la Ley 1116 de 2006?”
El artículo 10 del Decreto Legislativo 560 de 2020, responde plenamente a su interrogante, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. FRACASO DEL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO. En el evento del fracaso de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización o del procedimiento de recuperación empresarial, se dará por terminado, y el deudor no podrá intentar ninguno de estos trámites o procedimientos dentro del año siguiente de terminación de los mismos. No obstante, el deudor podrá solicitar la admisión a un proceso de insolvencia en los términos de la Ley 1116 de 2006 o el régimen que le resulte aplicable.
La negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización no podrá adelantarse simultáneamente con el procedimiento de recuperación empresarial.”.
Por lo tanto, frente al fracaso de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, el deudor puede solicitar la admisión a un proceso de insolvencia en los términos de la Ley 1116 de 2006.
“¿Cuál(sic) es el tiempo máximo de pago a un acreedor que puedo solicitar en un acuerdo regulado por el Decreto 560 de 2020?”
En lo que tiene que ver con el plazo para el pago de las acreencias dentro de un trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, ha de estarse a los parámetros establecidos por el parágrafo 2 del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, dada la remisión normativa prevista en el artículo 11 del Decreto Legislativo 560 de 2020. El referido parágrafo es del siguiente tenor:
“(…) PARÁGRAFO 2o. Cuando los acreedores internos o vinculados detenten la mayoría decisoria en el acuerdo de reorganización, no podrá preveerse en el acuerdo ni en sus reformas un plazo para la atención del pasivo externo de acreedores no vinculados superior a diez años contados desde la fecha de celebración del acuerdo, salvo que la mayoría de los acreedores externos consientan en el otorgamiento de un plazo superior”. (Negrilla fuera de texto).
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se invita al usuario a consultar en nuestra página WEB www.supersociedades.gov.co la herramienta tecnológica Tesauro.

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