Superintendencia de Sociedades Concepto  220-056524 DEL 23 DE ABRIL DE 2018

Ref: Radicación 2018-01-082657 08/03/2018- CARGA PROCESAL DE LOS ACREEDORES FRENTE A LA EXISTENCIA DE PROCESO EJECUTIVOS Y SU DEBER DE INFORMARLO AL LIQUIDADOR EN TRAMITE DE LIQUIDACION.

Aviso recibo de su escrito radicado bajo el No. citado, mediante el cual formula los siguientes interrogantes:

“De acuerdo con el numeral 8 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas y procesales de no oficiar sobre la iniciación de un proceso de liquidación de una sociedad a los jueces que conozcan de procesos ejecutivos en contra de la misma?”.

“¿Las consecuencias jurídicas y procesales de la no remisión de los procesos ejecutivos, en contra de la sociedad en liquidación, al juez concursal teniendo en cuenta el numeral 12 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, en razón de no haberse oficiado a los jueces ordinarios sobre la iniciación del proceso concursal?.”

Al respecto es preciso señalar que de acuerdo con el numeral 2, artículo 11 del Decreto 1023 de 2012, es función de la Oficina Jurídica de esta Superintendencia, la de absolver las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y particulares, de conformidad con las normas que rigen sus servicios y funciones, y en esa medida emite un concepto u opinión general sobre los temas de derecho societario a su cargo, cuyo alcance tendrá los efectos previstos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , y no sobre asuntos de orden contractual, procedimental o jurisdiccional.

Consecuente con lo anterior, a título ilustrativo procede realizar unas breves consideraciones de orden general sobre el asunto, así:

I) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, en la providencia de apertura del trámite de liquidación judicial el juez del concurso, dispone entre otras medidas la siguiente:

(…)

“8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia.

En el mismo sentido anterior, el numeral 12 del artículo 50 ejusdem, determina:

“Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:

(…)

“12.La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento respectivos La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.

“Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos.”

De los preceptos citados se desprende que los interesados tienen de una parte, la carga procesal de dar a conocer en su debida oportunidad la existencia de la ejecución judicial, según los términos del numeral 3° y 4° del artículo 48 ídem, para que con base en la información allegada se pueda oficiar al despacho de conocimiento, para que se incorporen los proceso ejecutivos, de forma que las obligaciones respectivas puedan incluirse en proyecto de calificación y graduación de créditos y de otra parte, la de objetar en su oportunidad la calificación y graduación de créditos, en aras a procurar entre otros que se subsane cualquier omisión; atendiendo que es deber de los interesados informar de la existencia del cobro judicial en las oportunidades procesales.

Por lo demás, será el juez el concurso quien en razón de su autonomía, analizará en cada caso las circunstancias fácticas y con base en ellas adoptará las decisiones a que haya lugar para ajustar el procedimiento judicial a los cánones legales.

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos descritos en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Título II, Derecho de Petición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, no sin antes señalar que en la P.Web de la Entidad puede consultar en el siguiente link: “Superintendencia de Sociedades>Doctrina y Jurisprudencia>Jurisprudencia>Procedimientos de Insolvencia.”, y lo pronunciamientos relacionados con el tema.

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