OFICIO 115-050227 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL EN UNA ENTIDAD QUE ENTRA EN REORGANIZACIÓN

Me refiero a su escrito radicado en esta Superintendencia bajo el número y fecha de la referencia, mediante el cual consulta si es obligación continuar con el nombramiento del revisor fiscal en el año 2020 de una sociedad SAS que se encuentra en proceso de reorganización y que al cierre del ejercicio 2019 no cumple con los topes máximos de activos e ingresos brutos?.
Previo a resolver su solicitud es necesario aclarar que las consultas que se presentan a esta Entidad se resuelven de manera general, abstracta e impersonal, de acuerdo con las facultades conferidas en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales expresamente señaladas en la Ley 222 de 1995 y en particular, la prevista en el numeral 2 del Artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y se circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las normas de manera general, para lo cual armoniza las disposiciones en su conjunto de acuerdo al asunto que se trate y emite su concepto, ciñéndonos en un todo a las normas vigentes sobre la materia.
La Ley 43 de 1990 que reglamenta la profesión de contador público, incorpora en el parágrafo 2 del artículo 13, los requisitos a las sociedades comerciales para nombrar revisor fiscal:
«Parágrafo 2. Será obligatorio tener Revisor Fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos», el subrayado es nuestro.
Así las cosas, el legislador estableció los valores brutos en activos y/o ingresos que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior excedan el equivalente a 5.000 SMLV y/o a 3.000 SMLV, respectivamente, es decir, que se cumpla cualquiera de los dos requisitos para establecer la obligación de nombrar revisor fiscal.
Por lo tanto, los montos por concepto de ingresos y/o activos brutos del año inmediatamente anterior descritos en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990 para establecer si la sociedad está obligada a tener revisor fiscal, serán tomados de los estados financieros de propósito general preparados bajo los marcos normativos vigentes contenidos en el DUR 2420 de 2015 y las normas que lo adicionan, modifican o sustituyen.
En el caso concreto de su consulta, al no cumplir el requisito por monto de activos brutos o de ingresos brutos según estados financieros preparados bajo NIIF al
cierre del ejercicio 2019, la compañía no estará en la obligación de nombrar revisor fiscal.
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta.

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