OFICIO 115-010138 DEL 20 DE ENERO DE 2020

ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS

Me refiero a su escrito radicado en esta Superintendencia bajo el número y fecha de la referencia. En primer lugar, es necesario advertir que no es clara su solicitud toda vez que por lo consignado en el asunto se podría inferir que interroga por las consecuencias que podrían derivarse para una sociedad que no ha nombrado revisor fiscal a pesar de estar obligada a ello, de otra parte, podría suponerse que se nombró al revisor fiscal y éste no firmó el estado financiero. Así mismo al inicio del escrito hace referencia a las sanciones en las que puede incurrir el revisor fiscal por no firmar estados financieros con requisitos de ley y luego de hacer un recorrido por algunas normas que imponen la obligación de nombrar al revisor fiscal, plantea un interrogante relacionado con la posibilidad de que una empresa se haga acreedora a una sanción por incumplir la obligación de nombrar a revisor fiscal, señalando al final que queda “En espera de las sanciones”. Referida la vaguedad de su solicitud la misma se atiende en los siguientes términos:
Previo a resolver su solicitud es necesario aclarar que las consultas que se presentan a esta Entidad se resuelven de manera general, abstracta e impersonal, de acuerdo con las facultades conferidas en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales expresamente señaladas en la Ley 222 de 1995 y en particular, la prevista en el numeral 2 del Artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y se circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las normas de manera general, para lo cual armoniza las disposiciones en su conjunto de acuerdo al asunto que se trate y emite su concepto, ciñéndonos en un todo a las normas vigentes sobre la materia.
Sobre la suscripción o firma de los estados financieros por parte del representante legal, contador y revisor fiscal, esta Superintendencia se pronunció en Oficio No. 220-052170 del 8 de abril de 2014, doctrina que se encuentra vigente y acogida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su concepto No. 2018-130, aclarando su debida correspondencia a las normas de información financiera aplicadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015.
En cuanto a la obligación de nombrar revisor fiscal en las sociedades comerciales, el artículo 203 del Código de Comercio estableció que:
Art. 203. Deberán tener revisor fiscal:
1. Las sociedades por acciones;
2. Las sucursales de compañías extranjeras;
3. Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital.
Por su parte, la Ley 43 de 1990 que reglamentó la profesión de contador público e incorporó en el parágrafo 2 del artículo 13, los requisitos a las sociedades comerciales para nombrar revisor fiscal son los siguientes:
«Parágrafo 2. Será obligatorio tener Revisor Fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos», el subrayado es nuestro.
El legislador estableció los valores brutos en activos y/o ingresos que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuando sean o excedan el equivalente a 5.000 SMLV y/o a 3.000 SMLV, respectivamente, para establecer la obligación de nombrar revisor fiscal, por lo tanto, al no nombrar el revisor fiscal una vez se alcance cualquiera de los topes, estaría el representante legal ante un incumplimiento normativo (artículo 23 de la Ley 222 de 1995).
Ahora bien, recordemos la distinción en las definiciones de estados financieros certificados, dictaminados y suscritos, como veremos a continuación:
Estados financieros certificados
El artículo 37 de la Ley 222 de 1995 establece que: “El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, deberán certificar aquéllos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.
Al tenor de la norma nos dice que los estados financieros deben contener la certificación suscrita por el representante legal y el contador público quienes son los responsables de preparar y poner en conocimiento de dichos estados financieros a los asociados o terceros, la certificación es la manifestación que se han verificado las afirmaciones contenidas en dichos estados financieros y que las mismas reflejan fielmente los libros (artículo 3°, anexo técnico normativo No. 6, Decreto 2270 de 2019, incorporado en el Decreto 2420 de 2015).
Estados financieros dictaminados
El artículo 38 de la Ley 222 de 1995, establece que “Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión “ver la opinión adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su firma
será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento (…)”
Son los estados financieros auditados por el revisor fiscal, o contador público independiente, y certificados por la administración de la compañía, sobre los cuales aplicó las normas de auditoría generalmente aceptadas y se emitió la correspondiente opinión.
Firma autógrafa de los estados financieros
Ahora bien, frente a la firma de los estados financieros, estos requieren estar suscritos por el representante legal y el contador público acompañada con el número de su tarjeta profesional (parágrafo 3, Ley 43 de 1990), para el caso específico del revisor fiscal no es suficiente con la firma de dichos estados financieros y número de tarjeta profesional (artículo 38 de la Ley 222 de 1995), es necesario que el profesional adjunte el informe o dictamen como resultado del trabajo de auditoria desarrollado anteponiendo la expresión “ver la opinión adjunta”, puesto que el alcance de la firma del revisor fiscal será el que se indique en el dictamen correspondiente.
Por último, a los revisores fiscales que se les compruebe negligencia en el desempeño de sus funciones o ausencia de las mismas, le son aplicables las sanciones administrativas a que haya lugar y le serán impuestas por la Entidad que ejerza inspección, vigilancia o control sobre aquella sociedad en donde se detecte la irregularidad, en materia de multas esta Superintendencia tiene la facultad, en relación con sus supervisados la posibilidad de imponer multas hasta 200 salarios mínimos legales mensuales (numeral 3º, art 86 Ley 222 de 1995) dependiendo de la gravedad, reincidencia del hecho y/o los perjuicios causados.
En anteriores términos damos respuesta a su consulta.

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