AC2727-2017 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-00726-00

Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Decídase el conflicto de competencia que se suscitó entre el Juzgado Primero Civil del Circuito Duitama (Boyacá) y la Superintendencia de Sociedades (Grupo de Reorganización Empresarial), para conocer de la demanda de reorganización de pasivos promovida por Pablo Ernesto González González.

 ANTECEDENTES

1. Ante el primero de los despachos mencionados, el promotor instauró demanda con el fin de obtener la reorganización empresarial como persona natural comerciante, para establecer acuerdos de pago con sus acreedores, recuperar sus negocios y otras declaraciones consecuenciales (folios 407 a 416 del cuaderno1).

En el libelo invocó el conocimiento del trámite, en razón del domicilio del deudor (folio 406 del cuaderno1).

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Duitama rechazó la demanda y la remitió a la Superintendencia de Sociedades, por apreciar que «como en el presente asunto la solicitud proviene tanto de una persona natural comerciante como de dos sociedades comerciales, la competente para conocer de la misma es la Superintendencia de Sociedades, puesto que el canon doce citado

[ley 1116 de 20116]

, claramente establece dicha potestad en la entidad en mención, cuando exista un vínculo de subordinación o control entre los deudores solicitantes, siempre y cuando dentro de ellos exista uno o más deudores sujetos a su competencia» (folio 462 del cuaderno 1).

3. La prenotada Superintendencia no asumió el conocimiento del negocio y lo devolvió al juzgado de origen, al considerar que entre las posibilidades contempladas en el artículo 6° de la ley 1116 del 2006 para la determinación de la competencia, el actor escogió, a prevención, presentarla ante la autoridad judicial de Duitama, circunstancia que le otorga facultad a este último para adelantar el presente asunto.

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Duitama, que recibió nuevamente el expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión que compete a la Corte resolver, tras estimar que, según el artículo 139 del Código General del Proceso, la Superintendencia al considerarse incompetente, debió plantear el correspondiente conflicto.

CONSIDERACIONES

1. El inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso precisa que: «[c]uando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de éstas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada» (negrillas por la Corte).

Sin embargo, esa preceptiva debe interpretarse de manera sistemática con todas las reglas llamadas a regular estos aspectos, pues dadas las particularidades de este caso, resulta factible que este conflicto pueda ser resuelto por esta Corporación, debido a que concurren circunstancias básicas que así lo permiten.

Ello en la medida que se trata de una colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional en la cual, a la postre, esta Corporación es el superior funcional común a aquellas autoridades, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

De ahí, que si bien el «superior de la autoridad judicial desplazada», en este caso, el Juzgado Civil del Circuito de Duitama, es el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, acontece que dentro de una interpretación sistemática de las reglas de competencia involucradas, cabe considerar que, en realidad, no pueden entenderse los casos de esa manera, puesto que, por una parte, dicho Tribunal es superior del Juez Civil del Circuito de Duitama, pero no lo es en cambio de la Superintendencia de Sociedades, dado que para esta última el superior en el asunto viene a ser el Tribunal Superior de Bogotá que es donde esa autoridad administrativa tiene su sede principal, porque a términos del numeral 2 del artículo 31 del Código General del Proceso, los tribunales superiores conocen, en segunda instancia,  de los procesos tramitados en primera instancia, por las autoridades administrativas en ejercicio de función jurisdiccional, cuando el desplazado sea juez del circuito, y agrega: «en estos casos, conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso».

Dentro de esa perspectiva, es pertinente considerar que este conflicto, en términos reales enfrenta a distintos distritos judiciales, en cuyo caso la atribución para dirimirlo corresponde a esta corporación.

2. Ya respecto de la colisión en análisis, el artículo 6° de la ley 1116 de 2006, consagra las reglas de competencia respecto de los procesos que versen sobre reorganización empresarial de personas naturales comerciantes, así como las autoridades administrativas y judiciales llamadas a conocerlos.

Justamente, tal precepto dispone que la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, entre otros, conocerá del proceso de insolvencia «a prevención, tratándose de personas naturales comerciantes»; competencia que precisamente por ser preventiva en el caso de esos sujetos, no excluye al juez civil del circuito del domicilio principal del deudor, según lo manifiesta el inciso 2 del mismo artículo.

3. Desde esa óptica, carece de razón el juez de Duitama para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto el promotor, persona natural comerciante, eligió una de las opciones que le otorga de manera preventiva el prenotado artículo 6 de la ley 1116 de 2006, esto es, que entre el Juez Civil del Circuito de Duitama y la Superintendencia de Sociedades, escogió al primero, como se verifica de manera coruscante en el libelo introductorio.

         Sobre el argumento utilizado por ese servidor judicial para declarar su falta de competencia, estima la Corte que carece de báculo, pues el mismo demandante en el recurso de reposición que seguidamente formuló ratificó el punto; y así fuese improcedente esa impugnación (artículo 139 C.G.P.), puso de presente el equivocó de aquél, al sostener que «la presentación de mi representado como asociado y representante legal de las empresas La Tasca Restaurante Bar S.A.S. y Centro de Eventos del Oriente S.A.S. se realiza solo para acreditar su condición de persona natural comerciante, mas no para solicitar la reorganización empresarial de las dos personas jurídicas como puede comprobarse del testo de la solicitud» (folio 465 del cuaderno 1).

         4. En consecuencia, se remitirá el presente caso al despacho judicial de Duitama para que, sin más dilaciones injustificadas, asuma su trámite, y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, al que se le enviará de inmediato el expediente.

Comuníquese esta decisión al otro juzgado involucrado en el conflicto, con copia de esta providencia.

         Notifíquese.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado