SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-032742 DEL 24 DE MARZO DE 2021

ASUNTO: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN DE UNA S.A.S. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1727 DE 2014

Me refiero a su escrito radicado como se anuncia en la referencia, mediante el cual consulta algunos aspectos relacionados con la liquidación de una Sociedad por Acciones Simplificada, la cual quedó disuelta y en estado de liquidación por no renovar su matrícula mercantil durante un periodo de 5 años.
Previamente a atender sus inquietudes debe señalarse que, en atención al derecho de petición en la modalidad de consulta, la Superintendencia de Sociedades con fundamento en los artículos 14 y 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, emite conceptos de carácter general sobre las materias a su cargo, y sus respuestas a las consultas no son vinculantes ni comprometen la responsabilidad de la Entidad.
También es procedente informarle que, para efecto del conteo de términos en la atención de su consulta, mediante el artículo 5º de la parte resolutiva del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus COVID-19 y mientras ésta se mantiene, el Gobierno Nacional amplió los términos para que entidades como esta Superintendencia atiendan peticiones de consulta en treinta y cinco (35) días.
El caso a que se refiere su consulta es particular, por lo que esta Oficina no se referirá específicamente al mismo; no obstante, atendiendo el derecho del consultante a ser orientado sobre el tema que le resulta de interés, se expondrán algunas consideraciones generales sobre el asunto.
El artículo 31, numeral 1 de la Ley 1727 de 2014 señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 31. DEPURACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES). Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así:
1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de
liquidación. Cualquier persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros.1
2. (…)” (Subrayado fuera del texto)
Según lo expuesto, las sociedades que se encuentran disueltas y en estado de liquidación bajo el supuesto anterior, deberán realizar la designación del liquidador para que adelante dicho proceso. A su vez, la señalada norma también establece la posibilidad de que la designación sea realizada por la Superintendencia de Sociedades o por la autoridad competente, previa solicitud de cualquier persona que demuestre interés legítimo.
Cabe observar que mientras no se designe y se registre un liquidador, el Representante Legal de la sociedad deberá actuar como liquidador, conforme a lo prescrito en la ley. Al respecto, el artículo 227 del Código de Comercio acota:
“Actuación del Representante Legal como liquidador. Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.”2 (Negrilla fuera del texto).
Sobre este asunto, es pertinente traer a colación el Oficio No. 220-015902 de 2019, en el que éste Despacho se refirió al tema en los siguientes términos:
“Así mismo, es necesario indicar que conforme al artículo 31 de la Ley 1727 de 2014: “Cualquier persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto”, lo que no descarta también la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria para lo de su competencia, o ante cualquier autoridad que le corresponda asumir dicha competencia, por cuanto la atribución dada a esta Superintendencia no es a prevención.
ii) Apoderado sociedad extranjera.
Las personas que demuestre interés legítimo, en los términos de artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, pueden con o sin la asistencia de un apoderado presentar la solicitud de designación del liquidador.
Para el caso de la representación de las personas jurídicas extranjeras a través de sus sucursales, sus mandatarios o apoderados, cuentan con todas las facultades para hacerlo de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del artículo 472 del Código de Comercio en concordancia por lo establecido en el artículo 477 ejusdem, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 227 ibídem.
iii) Documentos soportes que podrían presentarse.
Respecto a los anexos mínimos que se deben soportar para tramitar la solicitud ante esta entidad para el nombramiento del liquidador le informo que, en la solicitud, los interesados deberán acreditar:
-Certificación expedida por la Cámara de Comercio, correspondiente, en la cual se haga constar que las sociedades comerciales, se encuentran disueltas y en estado de liquidación, por no haber cumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil.
-La calidad de socios o accionistas o acreedor externos de la sociedad, se acreditará con los documentos soportes que demuestren el vínculo existente con la sociedad, que le permita tener legitimidad para presentar la petición en los términos de ley.
-En cuanto la falta absoluta del liquidador por causa de muerte, con el acta de defunción, como de todos aquellos documentos que permitan dar claridad en cuanto a la no designación del liquidador por parte del máximo órgano social, en el entendido que se ha agotado la designación que se hace por ministerio de la ley en los términos el artículo 227 del Código de Comercio.”3 (Subrayado fuera del texto)
Ahora bien, sobre el requisito del interés legítimo que debe acreditar el solicitante, éste Despacho mediante el Oficio No. 220-112070 de 2015 se refirió al tema de la siguiente forma:
“Al respecto, me permito informarle que el presupuesto legal contenido en el parágrafo del artículo 50 de la ley 1429 de 2010, establece una nueva causal de disolución de las sociedades que opera por ministerio de la ley y faculta a quien tenga un interés legítimo para solicitarle a la Superintendencia designar liquidador; sin embargo y comoquiera que la ley no señaló quien es el titular del interés legítimo, en desarrollo del principio de interpretación analógica de ley, podría darse aplicación al artículo 24 de la misma ley en el que frente a la imposibilidad de la asamblea o junta de socios para designar un liquidador se facultó a cualquiera de los socios para acudir a la Superintendencia en aras a que efectúe su designación.
Por lo anterior, a juicio de esta Oficina, en principio este interés legítimo, necesariamente lo tienen los socios, sin perjuicio de la posibilidad que eventualmente puedan tener otros interesados de acceder al trámite, siempre que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, las pruebas presentadas los legitimen como tales.”4 (Subrayado fuera de texto
De acuerdo con lo anterior, cualquier socio podría actuar, directamente o a través de apoderado, para presentar la solicitud de designación de liquidador de la sociedad ante esta Superintendencia.
A su vez, que precisa que el Decreto 65 de 20205 modificó parcialmente el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 en diversas materias relativas a los procesos concursales, y se resalta lo siguiente:
– El liquidador de la sociedad será el representante legal, en los términos del artículo 227 del Código de Comercio. En caso de ausencia del representante legal y de que este no haya sido designado por el órgano competente de la sociedad, aún a pesar de haberse surtido el trámite correspondiente, la designación del liquidador será procedente a petición de cualquier persona que demuestre interés legítimo, entre otros el administrador de la sociedad involucrada en el proceso liquidatorio, los socios o accionistas de la misma, los acreedores sociales y cualquier autoridad pública interesada en que se adelante la liquidación.
– Para la solicitud se requerirá prueba sumaria del interés legítimo del solicitante, sin perjuicio de los documentos que a juicio de la Superintendencia de Sociedades requiera en cada caso particular.
– Una vez acreditado el interés legítimo y surtido el procedimiento pertinente ante el Comité de Sección de Especialistas, se designará al liquidador de la lista de auxiliares de la justicia de la Entidad y se ordenará la inscripción en el registro mercantil, decisión contra la cual procederá el recurso de reposición.
– En el acto administrativo en el cual se nombre al liquidador, se debe indicar que los honorarios del mismo deberán ser fijados por la asamblea de accionistas o junta de socios.
En consecuencia, una vez que se realice el nombramiento, la persona designada debe iniciar el trámite de la liquidación de la Sociedad, que, para el caso, como se trata de una sociedad por acciones simplificada, seguirá las reglas establecidas para la liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada como lo expresa el artículo 36 de la Ley 1258 de 2008 que indica:
“Artículo 36. Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.”6
Al respeto, el Oficio No. 220-197081 de 2020 de esta Oficina manifiesta lo siguiente:
“Así las cosas, se evidencia que la liquidación del patrimonio de las sociedades por acciones simplificadas se hará de acuerdo a las reglas de las sociedades de responsabilidad limitada, lo que implica acudir en este caso, a las normas generales aplicables a todas las sociedades comerciales, previstas en los artículos 225 a 259 del Código de Comercio.
De manera secuencial, general y resumida, el trámite comprende, entre otros:
1) Reunión del máximo órgano social, donde, con el quórum requerido, se aprueba la disolución de la compañía, se designa al liquidador y se le fija su remuneración. Si el nominado es una de las personas que actuaba como administrador, antes de entrar a ejercer el nuevo cargo, la asamblea debe aprobar las cuentas de su gestión, tal como lo dispone el Artículo 230 del Estatuto Mercantil.
2) Inscripción en el Registro Mercantil del acta o de su extracto donde conste la decisión de disolver y liquidar la S.A.S.
3) Notificación a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda que corresponda, de la disolución de la sociedad, con el fin de que dichas entidades notifiquen si la sociedad en liquidación tiene obligaciones pendientes.
4) Publicación en un periódico que circule domicilio social informando de la existencia del proceso de liquidación.
5) Elaboración del “inventario del patrimonio social”, el cual debe reflejar, de manera fidedigna, la situación patrimonial de la S.A.S., e incluir la relación pormenorizada de los activos y la de las obligaciones especificando la prelación u orden legal de su pago, tal como lo dispone el primer inciso del artículo 234 del Código de Comercio. En este se deberán incluir las obligaciones plenamente identificadas, así como los valores a cancelar.
6) La valoración y venta de los activos inventariados. Los bienes inventariados determinarán el límite de responsabilidad del liquidador tal como lo dispone el inciso 2 del artículo 242 del Código de Comercio.
7) El pago de pasivos de acuerdo a la prelación legal de créditos, acorde con el artículo 242 del Estatuto Mercantil.
8) Una vez pagado el pasivo externo, se debe distribuir el remanente de la liquidación entre los socios, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio.
9) Los trámites orientados a terminar el proceso liquidatario y a extinguir a la sociedad, caso en el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Comercio, los liquidadores convocarán a la asamblea o a la junta de socios, para que aprueben las cuentas de los liquidadores y el acta final de liquidación.
Ahora bien, el artículo 238 del Código de Comercio prescribe algunas de las funciones del liquidador entre las cuales se encuentran las de continuar o concluir las operaciones de la sociedad que estén pendientes al momento de la disolución, vender los bienes sociales, llevar la custodia de los libros de la sociedad, velar por el patrimonio social, rendir cuentas o estados de liquidación, así como liquidar las cuentas de terceros y de los socios como lo dispone la ley.”
De conformidad con lo anterior, el liquidador adelantará los trámites correspondientes para adelantar el proceso de liquidación de la sociedad, actuando bajo principios de buena fe, recta administración y responsabilidad, entre otros, con el fin de pagar los pasivos de la sociedad y distribuir los remanentes entre los socios, si a ello hubiere lugar.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida, con los efectos descritos en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, no sin antes señalar que en la Página WEB de la Entidad puede consultar directamente la normatividad, los conceptos que la misma emite sobre las materias de su competencia, entre otros.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?
Pago en línea