SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-135447 DEL 3 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO: APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL INMEDIATA.

Me refiero a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, mediante la cual formula una consulta sobre la apertura de un proceso de liquidación judicial inmediata al amparo de la Ley 1116 de 2006.
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020 modificado parcialmente por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
De ahí que sus respuestas en esta instancia no se dirigen a prestar asesoría a los particulares o sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales que se tramitan ante la Entidad, máxime si se tiene en cuenta que la doctrina  constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias, invariablemente exige, que los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales, estén dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales o administrativas, en relación con los cuales se debe pronunciar como juez en las instancias procesales a que haya lugar.
Con el alcance indicado, este Despacho procede a resolver los interrogantes de su consulta, en el mismo orden en que fueron planteados:
“¿Es posible, dentro del marco del proceso de liquidación judicial del artículo 47 de la Ley 1116 de 2006 que un acreedor o grupo de acreedores tengan legitimación en la causa por activa para la solicitud de un proceso de liquidación judicial inmediata, con base en el artículo 49 numeral 2 ibídem?”

Sobre este interrogante, es preciso señalar que de la lectura del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, se infiere que los acreedores por sí solos no están legitimados para elevar tal solicitud, pues la citada disposición establece que estos solamente pueden realizar la petición en conjunto con el deudor, siempre y cuando sus acreencias representen no menos del 50% del pasivo externo del deudor. Lo anterior, a su vez se fundamenta en el principio general de interpretación jurídica que establece que donde la ley no distingue no le es dado al interprete hacerlo.
Esta Superintendencia se pronunció a través del oficio 220-085483 del 27 de agosto de 2008 sobre los supuestos de abandono de los negocios, así:
“(…) la noción de abandono, en el caso de la causal de liquidación judicial inmediata, debe ser entendida en el sentido de que se deje a la sociedad sin personas a cargo, sin representación, quedando los negocios, bienes y obligaciones sociales desamparados, desatendidos o descuidados, de tal suerte que no exista persona alguna que se haga cargo de la compañía como persona jurídica.”
Bajo tal concepto, nada obsta para que los acreedores, una vez verificado que la sociedad ha abandonado sus negocios, y si la misma es supervisada por la Superintendencia de Sociedades, requieran a esta Entidad que practique las investigaciones administrativas a que haya lugar, y eventualmente solicite al Juez Concursal que inicie el proceso de liquidación.
Sobre la competencia para conocer de un proceso de liquidación, la misma está claramente establecida en el artículo 6° de la Ley 1116 de 2006, norma que se trascribe a continuación.
“ARTÍCULO 6o. COMPETENCIA. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.
(…)”
“¿Pueden los acreedores, en ejercicio de la acción oblicua, dar inicio al proceso de liquidación judicial, con base en la causal de abandono de los negocios?
¿La competencia de este proceso correspondería, de manera privativa, a la superintendencia (sic) de Sociedades o al Juez Civil del Circuito”

Este Despacho en oficio 220-088332 del 21 de agosto de 2019, emitido pronunciamiento sobre la acción oblicua, en los siguientes términos:
“Así lo anterior, con ocasión de las disposiciones dadas de manera preliminar por el consultante y teniendo en cuenta que quien define la procedencia de una acción o no del tipo indicado en la consulta, es un juez de la república, será menester indicar que la acción oblicua es aquella que intenta el acreedor contra el deudor de su deudor, en nombre de este último. Es decir que el acreedor ejerce los derechos cuya titularidad tiene el deudor frente a terceros, los cuales no han sido ejercidos por estos por descuido o malicia. La finalidad de esta figura consiste en prevenir el eventual deterioro de la prenda general del deudor debido al no ejercicio de sus derechos; y en recomponer la prenda general mediante el ejercicio de derechos a los cuales ya ha renunciado el deudor (…)”.
Visto lo anterior, habrá de entenderse esta acción de cara a un proceso concursal liquidatorio, como una acción adicional o alternativa a las acciones revocatorias o de simulación concursales. La competencia para conocer de esta acción será del Juez Civil, y que en nada varia o adiciona los supuestos de legitimación para la solicitud de admisión al proceso de liquidación judicial del deudor ya estudiados. En consecuencia, tal acción judicial (oblicua) tampoco legitimaría a los acreedores para que, sin el concurso de su deudor, presentaran la solicitud de apertura de la liquidación judicial del deudor.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida, con los efectos descritos en el artículo 28 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, no sin antes señalar que en la Página WEB de la Entidad puede consultar directamente la normatividad, los conceptos que la misma emite sobre las materias de su competencia los que también podrá encontrar en el aplicativo Tesauro de la entidad, entre otros.

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