SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-243629 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021

ASUNTO: ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS AL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.

Acuso recibo del escrito citado en la referencia, por medio del cual presenta una consulta relativa al trámite de liquidación voluntaria.
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
Con el alcance indicado, este Despacho se permite resolver sus inquietudes en el mismo orden en que fueron planteadas:
1 ¿Puede existir coadministración y/o órdenes por parte de los socios al liquidador designado por la Superintendencia de sociedades.
En artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, le otorgó a la Superintendencia de Sociedades la competencia para designar el liquidador en el caso de que agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la designación del liquidador, esta no se hubiere realizado, en los siguientes términos:
“( )
Cuando agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la designación de liquidador, esta no se haga, cualquiera de los asociados podrá acudir a la Superintendencia de Sociedades para que designe al liquidador. La designación por parte del Superintendente procederá de manera inmediata, aunque en los estatutos se hubiera pactado cláusula compromisoria”
No obstante, cabe precisar que el hecho que Superintendencia de Sociedades, escoja de la lista de auxiliares de la justicia una persona para desempeñar la labor del liquidador, en virtud de lo previsto por el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, no sitúa a la persona designada como un auxiliar de la justicia, puesto que solo se trata de un administrador en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, con los deberes establecidos en el artículo 23 ibídem. Aunado a lo anterior, se debe recordar que el trámite de liquidación privada es voluntario y no constituye un proceso judicial, como si lo es el proceso de liquidación judicial.
Por tanto, el liquidador designado, en el cumplimiento de sus funciones, es autónomo dentro del marco de la ley y ejerce sus responsabilidades dentro de los postulados de la buena fe, la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, y sus actuaciones se cumplen en interés de la sociedad teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Lo anterior, sin perder de vista lo previsto en el artículo 222 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente:
“Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solitaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiese opuesto. (…)”
Tampoco puede perderse de vista que el máximo órgano social durante la liquidación voluntaria, continúa en el ejercicio de sus funciones de tal suerte que deberá cumplir sus obligaciones legales como la de reunirse en asamblea o junta de socios conforme a los estatutos y la ley, para adoptar las determinaciones encaminadas a la liquidación de la sociedad, de conformidad con lo previsto por el artículo 223 del Código de Comercio, así:
“ARTICULO 223 Disuelta la sociedad las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa”
De tal forma que el liquidador no puede pasar por alto las directrices que imparta el máximo órgano social para llevar a cabo la liquidación de la sociedad, a la luz de los derroteros del procedimiento de la liquidación voluntaria, en virtud de lo previsto por el artículo 225 del Código de Comercio el cual establece que: Durante el periodo de liquidación la junta de socios o la asamblea se reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias. Así mismo cuando sea convocada por los liquidadores, el revisor fiscal o la Superintendencia de Sociedades
Amén de lo anterior, también es necesario precisar que las intromisiones indebidas y/o la coadministración por parte de los socios o accionistas individualmente considerados en la gestión administrativa del liquidador o en el trámite de liquidación voluntaria, podría dar lugar a que tales asociados pudieran ser catalogados como administradores y que deban responder solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, tal y como aplica para las sociedades por acciones simplificadas, en donde las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de la sociedad, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores.1
2. ¿Pueden señalar o decidir los socios a quiénes se venden los activos del inventario valorado de la liquidación?
El máximo órgano social puede impartir las directrices imparciales, transparentes y generales que a bien tenga para la escogencia del mejor postor en la venta de los activos de la sociedad en trámite de liquidación voluntaria, a las cuales deberá sujetarse el liquidador.
Aunado a lo señalado en la respuesta a la primera pregunta, cualquier diferencia o intromisión indebida que implique competencia con la sociedad o un eventual conflicto de intereses por parte de los administradores, deberá ser conocida y definida por el máximo órgano social en los términos del artículo 23 numeral 7 de la Ley 222 de 1995, reglamentado por el Decreto 1925 de 2009, o mediante acciones legales en los términos del numeral 5° del artículo 24 del Código General del Proceso.
Se reitera que el liquidador deberá actuar dentro de los postulados de la buena fe, diligencia y cuidado, entre otros, en el desarrollo de sus funciones como liquidador, acorde con los derroteros procedimentales anotados a lo largo del presente escrito, y en especial con el contenido del numeral 5 del artículo 238 del Código de Comercio:
“5). A vender los bienes sociales, cuales quieran que sean estos con excepción de aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser distribuidos en especie”

3. ¿Pueden los asociados objetar o rechazar los contratos necesarios para llevar a cabo la liquidación:
Los socios o accionistas, individualmente considerados, no pueden objetar los contratos que sean necesarios para llevar a cabo la liquidación voluntaria.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el máximo órgano social de definir los parámetros generales en cuanto a la austeridad de los gastos y demás contratos en la gestión del liquidador para el desarrollo eficiente y culminación del proceso de liquidación voluntaria, así como el seguimiento respectivo, de conformidad con lo previsto por el artículo 223 del Código de Comercio, que al respecto dispone:
Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa.
Todo lo anterior sin menoscabo de la autonomía de las funciones del liquidador, en virtud de lo previsto en el artículo 238 del Código de Comercio.
4. ¿Pueden los asociados ordenar al liquidador con quien se contrata en el marco de la liquidación voluntaria?”
Como se indicó en los acápites anteriores el máximo órgano social puede impartir instrucciones generales en torno a los diversos aspectos que se ventilaran durante el proceso de liquidación voluntaria, sin menoscabo de la autonomía de las funciones del liquidador y demás aspectos que tengan relación directa con la liquidación de acuerdo con el artículo 238 ejusdem.
5. ¿Quiénes son los encargados de citar las asambleas ordinarias y extraordinarias de la sociedad?”
El máximo órgano social se reunirá conforme a lo previsto en el artículo 181 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 225 ibídem.2
Al respecto, el artículo 181 señala:
“Articulo 181. Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época fijada en los estatutos.

Se reunirán también en forma extraordinaria cuando sean convocados por los administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial que ejerza control permanente sobre la sociedad en su caso” En ese sentido, tratándose del proceso de liquidación voluntaria, el liquidador como administrador tiene la facultad de convocar al máximo órgano social para los fines que interesan al finiquito de dicho trámite, tanto para reuniones ordinarias como para las extraordinarias, conforme a lo previsto en los estatutos sociales.
6. ¿En el evento que el anterior representante legal no rinda informes al liquidador designado, que acciones debe seguir el liquidador?
El liquidador puede exigir las cuentas de la gestión a los administradores anteriores de la sociedad en trámite de liquidación voluntaria, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 238 de Código de Comercio, así:
“2) A exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, i a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley o el control social; “
7. “¿Pueden los socios iniciar acciones de remoción al liquidador sin informar a la Superintendencia de Sociedades, o cuál es el procedimiento para la remoción del mismo?
Se reitera que el hecho que Superintendencia de Sociedades, escoja de la lista de auxiliares de la justicia una persona para desempeñar la labor del liquidador, en virtud de lo previsto por el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, no sitúa a la persona designada como un auxiliar de la justicia, puesto que solo se trata de un administrador en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 con los deberes establecidos por el artículo 23 ibídem. Aunado a lo anterior, se debe recordar que el trámite de liquidación privada es voluntario y no constituye un proceso judicial como si lo es el proceso de liquidación judicial.
En consecuencia, el máximo órgano social puede aprobar la decisión de interponer la acción social de responsabilidad en contra del liquidador en virtud de lo previsto en el artículo 25 de las Ley 222 de 1995. De igual manera, el máximo órgano social tiene las competencias del artículo 187 del Código de Comercio.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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