SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220-127053 DEL 19 DE MAYO DE 2022

ASUNTO: ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE INSOLVENCIA

Me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia, por medio de la cual presenta un derecho de petición en la modalidad de consulta.
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020 modificado parcialmente por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su  responsabilidad.
De ahí que sus respuestas en esta instancia no se dirigen a prestar asesoría a los particulares o sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales que se tramitan ante la Entidad o ante otros despachos judiciales, máxime si se tiene en cuenta que la doctrina constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias, invariablemente exige, que los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales, estén dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales o administrativas, en relación con los cuales se debe pronunciar como Juez en las instancias procesales a que haya lugar.
En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades no puede asesorar o conceptuar sobre asuntos de orden particular y concreto que deben ser presentados por el peticionario ante la jurisdicción concursal, tal y como se colige de los fundamentos
facticos expuestos en su consulta, pues precisamente esos asuntos particulares y procesales quedan bajo la órbita de las decisiones que al respecto pueda proferir el Juez del concurso, conforme a las competencias atribuidas por las normas.

Con el indicado y sin perjuicio de que este Despacho no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos relativos a la insolvencia de la persona natural no comerciante de acuerdo con lo determinado en numeral 8 del artículo 3 de la Ley 1116 de 2006, se procederá a realizar algunas consideraciones generales sobre el asunto.
Se parte de la base de que el peticionario formula varios interrogantes relacionados con la participación de la administración municipal en el marco de un proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante previsto en los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso, en los siguientes términos:
1. “¿El Municipio como ente territorial con acreencias a favor en los procesos de insolvencia y reestructuración está obligado a someterse a las condiciones de pago que apruebe la mayoría en la negociación de deudas frente a la propuesta presentada por el deudor?”
Sea lo primero precisar que, bajo los lineamientos de los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso, toda persona natural no comerciante puede: a) negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias, b) convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y c) liquidar su patrimonio.
A su vez, es requisito para adelantar el procedimiento de negociación de deudas que el deudor allegue una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, entre ellos, los créditos del Municipio como ente territorial, diferenciando capital e intereses y la naturaleza de los créditos, entre otros supuestos, todo con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud.
Por su parte, conforme al artículo 553 del Código General del Proceso, el acuerdo de pago, entre otras reglas, deberá ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del cincuenta por ciento (50%) del monto total del capital de la deuda, y para computar la mayoría decisoria debe tomarse en cuenta únicamente el valor del capital, sin contemplar intereses de orden legal o convencional, con corte al día inmediatamente anterior a la aceptación de la solicitud, debiendo comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación, y versará sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas aquellas en las que el Estado sea titular.
Bajo el marco normativo enunciado, es claro que este es un proceso de insolvencia regido por el principio de universalidad objetiva y subjetiva, el primero referido a la afectación de todos los activos del deudor, y el segundo, a que todos los  acreedores del deudor concursado quedan vinculados al proceso de insolvencia, sin que exista norma que haga excepción para los Municipios como entes territoriales titulares de créditos, púes el concurso que la persona ha demandado como procedimiento para negociar sus pasivos, se convierte para los acreedores en el único escenario para obtener la satisfacción de sus acreencias causadas con anterioridad a la admisión de tal procedimiento concursal.
2. “Considerando que la propuesta de pago involucra la condonación de intereses ¿están igualmente obligadas las entidades estatales a aplicar los descuentos de intereses o recargos aprobados por la mayoría de deudas de acreedores sin objeciones considerando que se trata de recursos públicos?
3. ¿La negociación o condonación solo es viable si versa sobre intereses o recargos?, y si la propuesta atendiendo a la capacidad del pago del deudor solo cubre una fracción de capital ¿es legalmente viable aceptar estas condiciones de pago?”
Adicionalmente a lo señalado en la respuesta a la primera pregunta, es preciso señalar que expresamente el numeral 7 del artículo 553 del Código General del Proceso, previó como regla para la negociación que todos los créditos estatales estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones especiales existentes. Sin embargo, tal precepto legal también advierte que, tratándose de créditos fiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos que lo permitan las disposiciones fiscales.
Igualmente, el artículo 554 del Código General del Proceso, prevé que el acuerdo deberá contener: “(…) 3. El régimen de intereses al que se sujetarán las distintas obligaciones, y en caso de que así se convenga, la condonación de los mismos. (…)”
Así mismo, el artículo 576 Ibídem, establece la prevalencia normativa del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, sobre cualquier otra norma que le sea contraria, incluso las de carácter tributario.
Bajo las normas citadas, habrá de entenderse que, específicamente en punto a los intereses de cualquier acreedor, la ley permite que éstos sean uno de aquellos elementos de negociación, y aun con el voto negativo de un acreedor fiscal, le cobije lo que la mayoría haya aceptado en la forma y condiciones de pago de tal erogación, incluso la condonación de éstos. Contrario a ello, respecto de créditos fiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos que lo permitan las disposiciones fiscales, mas no así, respecto de la forma y plazos en que serán atendidos los mismos.
No sobra precisar que, en caso de que, a juicio del acreedor, un acuerdo de pago celebrado bajo el procedimiento de la insolvencia de la persona natural no comerciante contenga cualquier cláusula que viole la Constitución o la Ley, éste podrá ser impugnado conforme al procedimiento previsto en el artículo 557 del Código General del Proceso.

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida, con los efectos descritos en el artículo 28 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015, no sin antes señalar que en la Página WEB de la Entidad puede consultar directamente la normatividad y los conceptos que la misma emite sobre las materias de su competencia los que también puede consultar en el aplicativo Tesauro, entre otros.

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