SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO:220-014775 24 DE ENERO DE 2023

ASUNTO: ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS

Me refiero a su comunicación radicada con el número de la referencia mediante la cual formula una serie de preguntas relacionadas con los acuerdos de accionistas, en los siguientes términos:
“Solicito sea respondida de manera general y abstracta la siguiente inquietud jurídica:
1. ¿La redacción del artículo 70 de la ley 222 de 1995 es una norma de derecho público (indisponible)?
2. Se debe entender que los acuerdos de accionistas UNICAMENTE pueden ser suscritos por accionistas de la respectiva sociedad, ¿quedando excluida la inclusión de terceros y administradores?
3. Es posible que una sociedad sea parte y suscriba un acuerdo de accionistas que han suscrito sus propios accionistas respecto de ella misma. Para mayor claridad, ¿la sociedad “A” puede ser parte y suscribir un acuerdo de accionistas que han suscrito los accionistas de la sociedad “A” respecto de ella misma?
4. En caso de que la pregunta anterior sea negativa (imposibilidad de suscribir el acuerdo de accionistas por parte de la sociedad) cual es la sanción jurídica para los representantes legales de la sociedad “A” y el vicio jurídico que tendría el respectivo acuerdo de accionistas.”
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020 modificado por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
Con el alcance indicado, este Despacho procede a resolver sus inquietudes, previas las siguientes consideraciones.
Una vez revisado el escrito de solicitud, se encuentra que las dudas objeto de estudio recaen sobre lo consagrado en el artículo 70 de la Ley 222 de 19951 (por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones), siendo este el momento para proceder a revisar la norma en cuestión que a la letra indica:
“ARTICULO 70. ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS. Dos o más accionistas que no sean administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión o reuniones de la asamblea. Esta estipulación producirá efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas, responderán por el incumplimiento a los términos del acuerdo.” (Negrilla fuera de texto)
Visto lo anterior, se procede a dar respuesta a cada una de las inquietudes planteadas observando el mismo orden en el que fueron formuladas:
“1. ¿La redacción del artículo 70 de la ley 222 de 1995 es una norma de derecho público (indisponible)?”
Para mayor claridad, vale la pena traer a colación lo expuesto en Oficio 220-019222 de 20122, emitido por esta misma oficina en relación con la naturaleza de las normas aplicables al derecho comercial:
“Para resolver las inquietudes por usted propuestas es preciso tener en cuenta la naturaleza de las normas que regulan el derecho mercantil. Las Imperativas: son aquellas que en su misma esencia son obligatorias, no solo se inspiran en los principios generales derivados de la noción de orden público, la seguridad del estado, las buenas costumbres, sino que tienden a moralizar y a proteger la profesión del comercio. Las que determinan las condiciones de validez de los contratos, imponen obligaciones a los profesionales del comercio, exigen Normas dispositivas: cumplen una función enunciativa o reglamentaria y son numerosas en la legislación comercial, pueden proveer por vía principal o exclusiva o por vía simplemente supletiva, según que tengan por objeto cuestiones ajenas a la voluntad del comerciante o que versen sobre cuestiones en las que los particulares pueden proveer directamente por medio de pactos o acuerdos. Corresponden a la primera clasificación las que hacen la calificación de los actos de comercio, describen los contratos nominados, organizan instituciones comerciales como las cámaras de comercio.
De la segunda subespecie son aquellas en las que se provee a falta de estipulación en contrario, estas normas se denominan supletivas porque solo rigen en defecto de las normas convencionales aplicables, pues la ley misma garantiza la libertad de los particulares para regular sus propios intereses a través de acuerdos de voluntades como verdadera fuente de derecho para ellos en cuanto se ajuste al orden público y a las buenas costumbres, por lo cual, estas normas supletivas no son sino una fuente subsidiaria de derecho sobre la cual prevalece la voluntad de los contratantes cuando además tiene causa y objeto lícitos si se expresa con sujeción a las normas imperativas de la ley que son límites que no se pueden rebasar contractualmente porque en su observancia está comprometido el orden público.”
Lo anterior, permite concluir que en efecto lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, para la celebración de acuerdos entre accionistas es de obligatorio cumplimiento, esto es, en las condiciones y requisitos para que el acuerdo exista y sea válido (incluyendo su oponibilidad), siendo así que las menciones realizadas por la norma en cuestión, se consideren exigencias que deben cumplir los acuerdos respectivos, sin que se entienda de carácter dispositivo el cumplimiento de las reglas determinadas en el artículo referenciado.
“2. Se debe entender que los acuerdos de accionistas UNICAMENTE pueden ser suscritos por accionistas de la respectiva sociedad, ¿quedando excluida la inclusión de terceros y administradores?”
En efecto, tal como se desprende de la norma relacionada en el texto de la consulta, la cual regula lo concerniente a la celebración de acuerdos de accionistas de sociedades anónimas y por remisión normativa a aquellas sociedades que regula el Código de Comercio, esta clase de convenios solo podrán ser suscritos entre dos o más socios o accionistas pertenecientes a la sociedad, siempre que los mismos no funjan como administradores de la misma, encontrándose restringida la participación de terceros y de los socios o accionistas que ostenten cargos de administradores3.
“3. Es posible que una sociedad sea parte y suscriba un acuerdo de accionistas que han suscrito sus propios accionistas respecto de ella misma.
Para mayor claridad, ¿la sociedad “A” puede ser parte y suscribir un acuerdo de accionistas que han suscrito los accionistas de la sociedad “A” respecto de ella misma?”
En este punto, se hace necesario precisar que si bien en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, a este Despacho le corresponde emitir conceptos con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, estos son expresados de manera general, puesto que sus respuestas no pueden estar dirigidas a resolver situaciones particulares y concretas, en tanto se trata de una labor eminentemente pedagógica que busca ilustrar a los particulares sobre los temas que le competen, lo que explica, a su vez, que las mismas no tengan carácter vinculante ni comprometan su responsabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, se reitera lo expuesto en el punto precedente, precisando que un acuerdo de accionistas será solo aquel suscrito entre dos o más socios o accionistas de una compañía, con el único propósito de comprometerse a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de accionistas.
“4. En caso de que la pregunta anterior sea negativa (imposibilidad de suscribir el acuerdo de accionistas por parte de la sociedad) cual es la sanción jurídica para los representantes legales de la sociedad “A” y el vicio jurídico que tendría el respectivo acuerdo de accionistas.”
En este contexto se insiste en que no le es dable a la entidad en esta instancia pronunciarse sobre situaciones particulares y concretas como resultan ser las que se plantean en el texto de la solicitud, pues se reitera que la función de consulta no está dirigida a asesorar a los usuarios en la solución de diferencias relativas a la ejecución de actos jurídicos, como tampoco, a definir alcances de acuerdos celebrados.
Sin perjuicio de lo anterior, se procede a efectuar las siguientes consideraciones jurídicas de índole general, reiterando un pronunciamiento de esta misma oficina, mediante el cual se aborda el tema de los efectos de los acuerdos de accionistas, en los siguientes términos:
“ii. A propósito de los elementos que definen los acuerdos de accionistas en los términos de la legislación mercantil, esta Superintendencia en Sentencia 801-16
del 23 de abril de 2013 (proceso de Proedinsa Calle & Cía S. en C. contra Inversiones Vermont Uno S. en C., Inversiones Vermont Dos S. en C., Inversiones Vermont Tres S. en C. y Colegio Gimnasio Vermont Medellín S.A.) manifestó:
“(…) “Con la promulgación de la Ley 222 de 1995, se reconoció, por primera vez en nuestro ordenamiento legal, que los acuerdos de accionistas podían surtir efectos más allá de las partes que los suscriben. En el artículo 70 de la Ley 222 se consagró una excepción legal al postulado de la relatividad de los actos
jurídicos, por cuya virtud, las estipulaciones contenidas en un convenio parasocial ‘producirá[n] efectos respecto de la sociedad. Claro que, para ello, el respectivo acuerdo debe cumplir con las múltiples exigencias mencionadas en la norma citada. Se trata de ‘requisitos sustanciales de índole subjetiva y objetiva y de condiciones de forma cuyo cumplimiento se exige de modo imperativo. La restricción subjetiva consiste en que los accionistas suscriptores no ostenten la calidad de administradores, al paso que la de naturaleza objetiva tiene que ver con las materias sobre las cuales puede versar el acuerdo, vale decir, el sentido en que los suscriptores deberán votar en las reuniones de la asamblea o la representación de tales accionistas en las sesiones del máximo órgano social. Además, debe cumplirse con la formalidad consistente en que el acuerdo conste por escrito y ‘que se entregue al representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad’. De no cumplirse con alguna de las exigencias mencionadas, parece suficientemente claro que el respectivo acuerdo sólo tendrá efectos entre los accionistas que lo celebraron. (…)”
De conformidad con lo expuesto, se respondió de manera cabal su consulta. Se reitera que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que en la página web de esta entidad puede consultar directamente la normatividad, así como los conceptos que la misma ha emitido sobre las materias de su competencia a través de la herramienta tecnológica Tesauro.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?
Pago en línea