SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

OFICIO 220- 203577 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ASUNTO: ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Acuso recibo del escrito citado en la referencia, por medio del cual presenta la siguiente consulta:
“De manera atenta, elevo la siguiente Consulta, para que sea resuelta en los términos del artículo de la referencia, así:
En una sociedad comercial que adelantó un proceso de liquidación judicial bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, y conforme lo establece el artículo 66 ibídem, fue confirmado por el Juez de Insolvencia un acuerdo de reorganización dentro del citado
proceso de liquidación judicial.
Estando ya la sociedad en ejecución del acuerdo descrito y en desarrollo de su objeto social, puede la Asamblea General de Accionistas como máximo órgano de dirección, en desarrollo de sus facultades, designar para desempeñar el carga de  representante legal principal de la sociedad ya en reorganización, a quien actuó como liquidador dentro del proceso de liquidación judicial, antes de que se haya aprobado la rendición final de cuentas y de gestión del auxiliar de la justicia en el proceso de liquidación judicial, por parte del Juez de Insolvencia.
O, en su detecto existe alguna incompatibilidad para desarrollar el cargo encomendado por la Asamblea General de Accionistas y/o algún eventual conflicto de intereses?”
Antes de resolver lo propio, es preciso señalar que la competencia de esta Entidad es eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020, modificado por el Decreto 1380 de 2021.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020, es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
De ahí que sus respuestas en esta instancia, no se dirigen a prestar asesoría a los particulares o sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales que se tramitan ante la Entidad o por los despachos judiciales, máxime si se tiene en cuenta que la doctrina constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias, invariablemente exige, que los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales, estén dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales, en relación con los cuales se debe pronunciar como Juez en las instancias procesales a que haya lugar.
Su consulta es particular, por lo cual este Despacho no se referirá específicamente a la misma. Sin embargo, a continuación, se realizarán algunas consideraciones de índole jurídico que podrán servir de guía al consultante:
El artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, establece los efectos que se producen por la apertura del proceso de liquidación judicial, en los siguientes términos:
“Artículo 50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
(…)
2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica, si los hubiere.
3. La separación de todos los administradores- (…)”.
Por su parte, el artículo 66 de la Ley 1116 de 2006, regula lo concerniente a la celebración de un acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial:
“Artículo 66. Acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial.
Aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto, el liquidador o quienes representen no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos, podrán proponer la celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el juez del concurso, convocará a una audiencia. A este acuerdo, le serán aplicables en lo pertinente las reglas previstas en esta ley para el acuerdo de reorganización.
En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el proceso de liquidación judicial.
La decisión que deba tomar el máximo órgano social frente al representación legal de la sociedad que ha celebrado el acuerdo de reorganización.” (Subrayado fuera del texto).
Por lo tanto, la declaración judicial del proceso de liquidación judicial trae consigo la cesación de las funciones de los órganos sociales y la separación de todos los administradores.
Ahora, en el evento que sea confirmado un acuerdo de reorganización dentro de un proceso de liquidación judicial, es posible obtener, entre otras, las siguientes conclusiones:
 Finaliza el estado de liquidación judicial de la sociedad para volver a su estado de activa que la faculta para el cumplimiento del acuerdo de reorganización correspondiente.
 Terminan las funciones del auxiliar de la justicia que fungió como liquidador.
 Se restablecen las funciones de los órganos sociales de la sociedad (asamblea de accionistas o junta de socios) y, en ese sentido, dicho órgano deberá proceder a designar a los administradores a que hubiere lugar.
 Eventualmente, la persona que fungió como liquidador podría ser considerada para la designación como representante legal de la sociedad, por parte del máximo órgano social. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que tal designación no se hace en función de ser auxiliar de la justicia, sino como administrador escogido por el ente societario, y sobre el cual recaerán las responsabilidades generales establecidas en la ley para los administradores.
 Si bien, en principio, no se observan incompatibilidades o conflictos de interés que se puedan presentar por el solo hecho de haber fungido como liquidador de la sociedad, tales situaciones deberán ser analizadas en cada caso particular por el máximo órgano social previo a la designación del administrador.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se sugiere al usuario acceder a nuestros servicios en la página WEB www.supersociedades.gov.co donde podrá encontrar los conceptos jurídicos proferidos por esta Oficina y la herramienta tecnológica Tesauro, entre otros.

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